El diputado nacional defendió enérgicamente la construcción de la represa Chihuido I, y calificó a las disputas políticas que provocó su preadjudicación como “fundamentalistas”. Destacó las bondades del proyecto.
Brillo, quien ocupa la vicepresidencia primera de la Comisión de Energía en la Cámara,
dijo que le preocupa que el proyecto se politice, y termine siendo rehén de las disputas fundamentalistas entre el oficialismo y la oposición.
“Creo que es importante la realización y cristalización de éste proyecto tanto desde lo energético, como desde la configuración de un nuevo escenario para el turismo, la infraestructura, y la provisión de agua para el impulso agroindustrial en el centro de la provincia, además de la seguridad que aporta a los habitantes de la cuenca del Neuquén, a través de la regulación de crecidas”, sostuvo el diputado nacional.
En declaraciones a la prensa, el Diputado Neuquino marcó su posición respecto de las denuncias que se conocieron de parte de un grupo de Diputados Nacionales de Coalición Cívica.
Sostuvo que se enteró de la denuncia por los medios, y que le parece “atinado” que hayan presentado sus planteos ante la justicia, porque “es el lugar indicado para resolver sus dudas y cuestionamientos”.
No obstante, aclaró que lo que le preocupa es “que se politice el proyecto, y termine siendo rehén de las disputas fundamentalistas entre el oficialismo y la oposición. Me comprometo a sostener éste proyecto, y no perder el foco respecto de lo que implica la realización de un proyecto multipropósito como Chihuido para la región y el país”, dijo.
Señaló el legislador que el presupuesto nacional del 2010 “establece mecanismos de financiamiento y garantías para la concreción de la obra”, y que los diputados que efectúan la denuncia “fueron parte de esa discusión”.
Marcó, además, dos cuestiones: por un lado, que hay antecedentes históricos de la obligación nacional de realizar aportes a la cuenca del río Neuquén para la atenuación de crecidas. Y por el otro, que tanto la represa, como la central hidroeléctrica que se construyan, “pasarán a propiedad provincial, sin que la provincia tenga que desembolsar fondos, cumplidos los primeros quince años de concesión.”
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