El juicio oral y público contra el jefe comunal tiene como fecha el 19 de marzo próximo, y el dirigente está acusado por el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público por las irregularidades cometidas al darle la habilitación a un cabaret, el mismo en el que se probó que había trata de personas y su dueño fue condenado.

La presentación de Bravo, que quiere hacer tareas comunitarias para evitar llegar ante el tribunal, será analizada por el juez Daniel Ralli, titular del Juzgado en lo Correccional 6 santarroseño.

Fuentes judiciales informaron ayer a LA ARENA del pedido del intendente. Ahora se deberá esperar la resolución del juez y, si no es aceptada, como se estima, sería juzgado y podría llegar a ser inhabilitado para ejercer cargos públicos si es encontrado culpable. La estrategia de los abogados de Bravo sería dilatar los tiempos y apelar todas las medidas, como ya ocurrió durante la etapa de instrucción de la causa.

Bravo fue procesado por la Justicia achense por supuesto incumplimiento a los deberes de funcionario público, ya que se lo acusa de no haber exigido los controles indispensables para otorgar la habilitación a un cabaret en la localidad veinticinqueña. Los abogados del intendente hicieron varias presentaciones para dilatar los tiempos, y hasta una en los tribunales de Santa Rosa para que pudiera continuar en el cargo y luego ser reelecto el año pasasdo. Finalmente el juez achense Manuel Alvarez clausuró la etapa de instrucción y envió el expediente al Juzgado santarroseño para que hiciese el juicio.La investigación se desprendió de la causa principal que se tramitó ante el Juzgado Federal de Santa Rosa por un caso de trata de personas detectado en un cabaret de 25 de Mayo. El tribunal, entendió que se había cometido un delito con competencia del Juzgado de General Acha, por lo que envió copias de las actuaciones a la fiscal Ana Laura Ruffini, quien promovió acción penal contra el intendente y dos funcionarios -que luego fueron sobreseídos-.