Una de las últimas causas contra la gestión de Bravo fue comenzada de oficio por el fiscal de 25 de Mayo, Alejandro Masó, y que ya fue elevada a General Acha, por las irregularidades en el uso de los fondos correspondientes a las regalías hidrocarburíferas, dineros que fueron suspendidos por el gobierno provincial ante la falta de rendiciones.

Ante Masó se presentaron los concejales opositores para que se determinara si había delito o no en la falta de documentación semestral para saber cómo se gastaban esos fondos y que deben ser controlados por ese cuerpo.

La presidenta del Concejo Deliberante, Miriam González, informó a LA ARENA: "Llevamos toda la documentación al fiscal para que investigue. Y se la trasladamos inclusive acompañada con una resolución del Concejo Deliberante de 2008 que aprobaba gastos hechos por regalías pero que es inexistente, ya que no hubo ninguna resolución que aprobara esos gastos. Ahí dejamos constancia, acompañando con actas y grabaciones de las sesiones, de que si era una resolución, no salió del Concejo".

Resoluciones.

Hace algunas semanas, el intendente presentó ante el Concejo Deliberante una resolución que determinaba el aumento de algunas tarifas. Pero esa suba es una facultad del cuerpo deliberativo, y el Ejecutivo sólo puede hacerlo si es cuestión de necesidad y urgencia. Por lo que los ediles opositores, que están congregados en el llamado "Grupo de los Cinco" -tres del FPV, uno del PJ y otro del MPV Lealtad al Pueblo-, aprobaron un proyecto que derogó la resolución municipal 785 que daba vía libre a los aumentos. Cuando la derogación llegó a la comuna, Bravo la vetó, por lo que nuevamente los concejales de la oposición, que tienen mayoría en el Concejo, volvieron a presentar otra iniciativa similar. Esto se trató en la sesión ordinaria del viernes 3 de septiembre, pero esta vez los ediles no consiguieron los dos tercios de los votos que se necesitan para dar vuelta el veto, ya que los concejales Ulises Traverso (ex PJ) y Benito Quiroga (MPV), se abstuvieron de sufragar. Esto generó la denuncia por "abuso de autoridad".

Regalías.

También en la sesión del día 3 se aprobó un proyecto de resolución presentado por la oposición en el que se le otorgaba un plazo de 45 días a Bravo para que presentara los balances correspondientes a 17 meses -de abril a noviembre de 2009 y de enero a agosto de 2010- que no habían sido elevados al Concejo. El pedido fue votado por la mayoría, ya que nuevamente Traverso y Quiroga se abstuvieron.

Ese reclamo estaba relacionado con la cuestión de las regalías hidrocarburíferas, cuyas rendiciones semestrales necesitan ser controladas y aprobadas por el CD. Sin embargo, la confirmación poco después de que el gobierno provincial suspendía el envío de esos fondos que son específicos para 25 de Mayo, dejó congelada la iniciativa opositora. Poco después el fiscal local inició la investigación de oficio para conocer porqué no se rindieron al cuerpo deliberante esos gastos.

Proceso.

De esta manera, se siguen acumulando causas en los Juzgados de Instrucción de General Acha contra el jefe comunal.

La que más avanzó desde que está en el cargo fue la que llevó a su procesamiento por parte del Tribunal de Impugnación Penal por "abuso de autoridad" por las anomalías detectadas en la autorización del cabaret El Rancho, que manejaba Javier Ulrich, condenado a cuatro años de prisión por trata de personas. En la investigación, el juez Alvaro Reyes había considerado que no había elementos para inculpar a Bravo, pero la fiscal Ana Laura Ruffini recurrió esa resolución, y el expediente llegó al TIP. Los integrantes de ese tribunal revirtieron la decisión de Reyes y procesaron al intendente.

Igualmente, el jefe comunal se salvó de ser separado de su cargo por inhabilitación ya que hizo presentaciones en el Superior Tribunal de Justicia contra la decisión del TIP y ante el Juzgado en lo Civil número 6, a cargo de la jueza María Gloria Albores, para que se lo mantenga en el cargo mientras esté procesado y sin condena. Albores lo dejó en el puesto hasta que se analice la inconstitucionalidad el artículo 118 de la Ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia.

Varias causas.

Otro expediente que está en marcha en los tribunales achenses es por facturas de monotributistas que habrían sido cobradas por personal de la municipalidad. La denuncia partió de una empleada de la comuna a la que le habían pedido una factura de 4.000 pesos que nunca cobró. El cheque generado para ese pago fue cobrado por un tercero en el banco. Además, según fuentes del Concejo, la auditoría que se hizo sobre las cuentas de la comuna habría observado que el mismo municipio habría pagado talonarios para monotributistas.

Y también está bajo investigación el hecho de que la empresa encargada de hacer el asfaltado de 25 de Mayo nunca presentó el pliego de la obra y hay otra causa abierta por "abuso de autoridad" contra Bravo luego que se dejaran de pagar los sueldos a los cinco concejales que no quisieron aprobarle un aumento de los impuestos que llegaba al 150 por ciento a comienzos de 2009.