Durante los primeros 500 años de su historia, Brasil no se preocupó demasiado por sus inabarcables fronteras. Indígenas y exploradores iban y venían del país sin mayor problema y el flujo de ganado y otras mercancías tampoco estaba regulado. Pero el crecimiento económico de los últimos años obligó a los gobernantes brasileños a lidiar con un problema considerado durante mucho tiempo exclusivo de los países ricos como Estados Unidos: sus fronteras.

El creciente ingreso de inmigrantes ilegales, la lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando, en general, han llevado al gobierno de Dilma Rousseff a plantearse un control más férreo de sus límites fronterizos.

Con la presión política de una "epidemia de crack" en varias ciudades, Rousseff está invirtiendo más de 8000 millones de dólares y revisando la estrategia de defensa de Brasil para abordar un tema que tiene implicaciones en el comercio, la agricultura y toda la economía.

La prosperidad de Brasil ha creado una nueva clase de consumidores con mayor poder adquisitivo. Son decenas de millones de personas que viven justo al lado de los tres mayores productores de cocaína del mundo: Colombia, Bolivia y Perú. Brasil es actualmente el segundo consumidor mundial de cocaína, sólo detrás de Estados Unidos, según datos gubernamentales norteamericanos. También es un enorme consumidor de marihuana, éxtasis y otros narcóticos.

El intento de Rousseff por controlar el flujo de narcóticos podría significar la firma de acuerdos millonarios con compañías de diversos sectores, como la empresa local de aviones Embraer, que planea fabricar una nueva línea de naves no tripuladas para patrullar la frontera, o firmas extranjeras como Boeing o Siemens.

Asegurar un área cinco veces más extensa que la frontera entre México y Estados Unidos, que se extiende a través de más de 16.000 kilómetros de selva amazónica y límites con diez países diferentes, está demostrando ser un gran desafío. También está generando un debate sobre si realmente vale la pena invertir tanto dinero y esfuerzo.

Para Rafael Godoy de Campos Marconi, teniente de policía en el solitario y remoto puesto de control de los humedales de Pantanal, a 50 kilómetros de la ciudad de Cáceres, en el oeste de Brasil, la tarea parece imposible. La unidad de Marconi es responsable de patrullar un tramo de 200 kilómetros de frontera con Bolivia, desde donde ingresa alrededor del 80 por ciento de la cocaína consumida en Brasil.

Marconi cree que todos los días decenas de contrabandistas cruzan a través de su territorio con drogas escondidas dentro de sus zapatos, pantalones y ropa interior. ¿El problema? Marconi usualmente tiene sólo entre 10 y 12 hombres para cubrir todo el territorio. "Ellos [los contrabandistas] están ahí afuera", dijo, señalando hacia el horizonte en medio de un abrasador calor y una densa humedad. "Pero somos tan pocos que saben exactamente dónde estamos", explicó. Incluso aunque se duplicaran los recursos, sería muy difícil controlar una región tan remota. Con una sonrisa irónica, mencionó una solución que está en boca de muchos brasileños de la zona: "Quizá si construimos un muro como el que tiene Estados Unidos [en la frontera con México] tal vez podamos detener a estas personas".