En medio de protestas y tras una dura batalla judicial, el gobierno brasileño puso en marcha su polémico proyecto de construir en la Amazonia la planta hidroeléctrica de Belo Monte, rechazada por indígenas y ambientalistas. Obligará a desplazar a unos 50.000 habitantes
El otro consorcio que participó en la subasta estaba encabezado por la constructora Andrade Gutiérrez y por el gigante de minería Vale.
La oferta de ese grupo, de vender la energía generada por la planta a 77,97 reales (unos 44,57 dólares) por megavattio/hora, supuso un descuento del 6,02 por ciento sobre el precio máximo fijado por la agencia reguladora del sector eléctrico (ANEEL) para la licitación.
La planta, cuyo costo es estimado por el gobierno en unos 11.000 millones de dólares, es el principal proyecto del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Lula.
Según informa el diario El País, con su potencia de 11.233 megavatios, la hidroeléctrica, que empezará a operar en febrero de 2015, será la tercera más grande del mundo, después de la de Tres Gargantas, en China, y de la paraguayo-brasileña de Itaipú.
La subasta se realizó en medio de protestas por parte de unos 500
manifestantes comandados por la organización ecologista Greenpeace, quienes tiraron hoy tres toneladas de estiércol delante de la sede de la ANEEL, para rechazar la construcción de la planta: "Belo Monte de mierda", decía una de las pancartas.
El acto logró el apoyo de otras organizaciones sociales, como el Movimiento de los Afectados por Presas y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Al mismo tiempo, unos 200 manifestantes invadieron el edificio del grupo estatal de electricidad Eletrobras en Belém, la capital del estado de Pará, donde será instalada Belo Monte.
La suspensión de la subasta fue antecedida de una batalla judicial comandada por el juez federal Antonio Carlos Campelo, quien desde la semana pasada dictó tres órdenes de suspensión del proceso de licitación, en base a pedidos de organizaciones ambientalistas y naciones indígenas.
El último fallo fue dictado en momentos que se iniciaba la subasta y sólo tuvo el efecto de retrasar la divulgación del resultado antes de que fuera anulado por el Tribunal Regional Federal (TRF).
Los indígenas de Pará y de estados vecinos también amenazan con iniciar una "guerra", en caso de que el gobierno lleve adelante el proyecto de Belo Monte que, a su juicio y también de activistas medioambientales, causará graves daños a la región aledaña al río Xingú, que es la base de la supervivencia de las poblaciones indígenas y ribereñas locales.
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