El “juicio del siglo” a ex dirigentes del Partido de los Trabajadores, que habrían participado en 2005 de un esquema de corrupción, tuvo ayer su primer político condenado. Es el diputado federal João Paulo Cunha, acusado de desvío de fondos públicos y malversación en aquel año en un proceso conocido como “mensalao”, cuando ejercía la presidencia de la Cámara Baja. La sentencia, por mayoría de la Corte Suprema (8 votos a 2), no significa sin embargo que el legislador pierda su mandato ni que vaya preso.

También fueron considerados culpables el ex director del Banco do Brasil Henrique Pizzolato y los empresarios Marcos Valerio Fernandes de Souza, Cristiano Paz y Ramon Hollerbach.

Los magistrados sostuvieron que había pruebas suficientes de delitos contra la administración pública . Ellos son apenas una fracción de los 38 enjuiciados, entre quienes se cuenta el abogado José Dirceu, ex hombre fuerte del primer gobierno de Lula da Silva. En esta primera fase fue absuelto, en cambio, Luiz Gushiken, otro ex ministro y amigo de Lula. El titular del Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, dijo que “las pruebas en este proceso confirmaron la trama delictiva de desvío de dinero público”.

Actual candidato a la intendencia de Osasco, ciudad vecina de San Pablo, Cunha admitió que desistirá de las elecciones municipales de octubre, pese a que en la práctica la condena no le impediría seguir en la batalla hasta los comicios. Pero él consideró que esa era la mejor opción. Como la postura del máximo tribunal no fue unánime en cuanto a uno de los delitos por los que Cunha era imputado, el de lavado de dinero, el ex dirigente tendrá derecho a un nuevo juicio.

Y el resultado final podrá terminar sin pena que implique reclusión en la cárcel.

Las acusaciones que pesaron sobre la sentencia refieren al hecho de haber recibido una coima de 25.000 dólares por parte de la agencia publicitaria de Valerio de Souza, la SMP&B, a cambio de contratos con la Cámara de Diputados que Cunha presidía entonces. En cuanto al presunto lavado de dinero, refiere al intento por parte del legislador de ocultar que había recibido esa suma.

La decisión de la Corte provocó ansiedad en la dirección del oficialista PT y en el propio gobierno de Dilma Rousseff . La prensa menciona, en Brasil, un posible “efecto dominó” en la próxima etapa del juicio. Los analistas sostienen que la decisión de la Corte echa por tierra uno de los ejes centrales de la defensa de los 38 acusados, sobre todo de los políticos prominentes del primer gobierno de Lula. Los abogados han sostenido que no se trató de un esquema de corrupción sino de un sistema de “caja 2”, por la cual pasaban aportes no declarados de empresas privadas a la campaña electoral en 2002. Quien más preocupa al PT es el ex ministro jefe de la Casa Civil y ex titular del partido, José Dirceu, apuntado por la Fiscalía General de la República como “jefe de una organización delictiva instalada en el gobierno en aquella época”.