La Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto para formar un grupo que estudiará y archivará los delitos de lesa humanidad.
La Cámara Alta brasileña tendrá así la palabra final sobre la instalación de ese grupo especial, que podrá determinar responsabilidades pero no tendrá cómo llevar a los posibles acusados ante la justicia. La amnistía ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal ampara a los torturadores y a quienes se alzaron en armas contra el régimen.
La creación de esta Comisión, que tendrá como exclusiva tarea la “reconstrucción de la verdad histórica”, ha sido apoyada y propuesta por el gobierno de Dilma Rousseff, también del PT. La actual presidenta durante el período militar permaneció dos años presa y sufrió torturas por sus vínculos con grupos guerrilleros opuestos a la dictadura.
El proyecto, que fue aprobado a última hora de la noche de este miércoles en la Cámara de Diputados, propone que la Comisión sea integrada por siete personas. Estas deben ser “de reconocida idoneidad y conducta ética, y estar identificadas con la democracia y la institucionalidad constitucional, así como con la defensa de los Derechos Humanos”. Según el texto que analizará el Senado, la Comisión tendrá dos años para llevar a cabo sus investigaciones. Terminado ese plazo, se redactará un informe, que se hará público. Después, será depositado en el Archivo Nacional de Brasil.

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