Brasil arma Comisión para delitos de DD HH

La Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto para formar un grupo que estudiará y archivará los delitos de lesa humanidad.
Sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la dictadura brasileña, la más duradera de América Latina (1964-1985), finalmente se podrá saber la verdad. El Estado mismo usará su poder para hallarla e investigarla, si el Senado de Brasil acepta el proyecto de ley que le presentó la Cámara de Diputados. Pero será un conocimiento histórico sin consecuencias judiciales, porque los autores de esos crímenes, los conocidos y los por conocer, están amparados por una Ley de Amnistía cuya ratificación fue impulsada por Luiz Inácio “Lula” da Silva, el primer presidente obrero de Brasil, del también ahora gobernante Partido de los Trabajadores (PT), en 2010. Una vez elaborado un informe que compile y ordene los resultados de la investigación de la Comisión, este será remitido al Archivo Nacional.

La Cámara Alta brasileña tendrá así la palabra final sobre la instalación de ese grupo especial, que podrá determinar responsabilidades pero no tendrá cómo llevar a los posibles acusados ante la justicia. La amnistía ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal ampara a los torturadores y a quienes se alzaron en armas contra el régimen.

La creación de esta Comisión, que tendrá como exclusiva tarea la “reconstrucción de la verdad histórica”, ha sido apoyada y propuesta por el gobierno de Dilma Rousseff, también del PT. La actual presidenta durante el período militar permaneció dos años presa y sufrió torturas por sus vínculos con grupos guerrilleros opuestos a la dictadura.

El proyecto, que fue aprobado a última hora de la noche de este miércoles en la Cámara de Diputados, propone que la Comisión sea integrada por siete personas. Estas deben ser “de reconocida idoneidad y conducta ética, y estar identificadas con la democracia y la institucionalidad constitucional, así como con la defensa de los Derechos Humanos”. Según el texto que analizará el Senado, la Comisión tendrá dos años para llevar a cabo sus investigaciones. Terminado ese plazo, se redactará un informe, que se hará público. Después, será depositado en el Archivo Nacional de Brasil.

Comentá la nota