Se sabía que la presentación judicial era inminente, ya que esta semana, ante el cruce de imputaciones, el gobernador Jorge Capitanich había comentado que pensaba ordenar a los funcionarios del área que cumplieran con la obligación constitucional de vindicarse y fueran a la justicia para esclarecer los hechos, de modo de determinar si las denuncias se basan en hechos reales o son falaces. En manos del fiscal El presidente del instituto, Branco Capitanich, hizo una conferencia de prensa para informar que se decidió concretar la presentación penal “con el objetivo de que se investigue, verifique y compruebe la existencia de un hecho delictivo conforme y que el Ministerio Publico Fiscal correspondiente determine el grado de veracidad de los dichos sobre hechos de corrupción y malversación de caudales públicos denunciados mediáticamente por los trabajadores”. El funcionario dijo que ofreció pruebas documentales, informativas y testimoniales correspondientes y solicitó que los denunciados presenten la documentación de sus acusaciones. Anticipó además que solicitarán a la justicia que se agilicen los tiempos para determinar la culpabilidad o inocencia lo antes posible. “Si se determina la culpabilidad en dos o tres años no sirve de nada”, sostuvo. Acompañado de Julio García, del Ministerio de Gobierno, y de los asesores legales del instituto, Ignacio Capora y Adrián Gaitán, Capitanich aseguró que la denuncia pública de que el gobierno destinó 2 millones de pesos y el Instituto de Asuntos Indígenas 4,1 millones a relevamientos que cuestan 250 mil pesos “es falsa”, y que las declaraciones “atentan contra la credibilidad institucional”. “Impiden el orden” Explicó que el proyecto sobre el cual se denuncia la malversación de fondos “viene de la gestión anterior” y que aunque se trabaja en concretarlo “todavía no se destinó ni un solo peso”. El funcionario señaló que los trabajadores que realizaron las declaraciones “sólo buscan impedir el orden del Instituto y volver a viejas épocas en las que reinaba la anarquía. Apuntamos a que se sepa la verdad y se termine con las palabras vacías. Las calumnias nos fortalecen en la lucha por la verdad y en nuestro compromiso por recuperar el organismo al servicio de los productores”, expresó. Capitanich remarcó que en la actual gestión se rescindieron adjudicaciones de tierras fiscales por más de 200.000 hectáreas, se anularon 70 títulos emitidos irregularmente por la gestión anterior, y se analizaron más de 5000 expedientes. “El cambio está a la vista de todos, la tierra pública no se maneja como antes, trabajamos para que sea de quien tiene que ser”, afirmó.