El Boudougate va camino a convertirse en una maniobra absolutamente orquestada por el poder central para garantizar la impunidad. A pocas semanas de haber estallado el escándalo, fueron apartados de la causa tanto el juez Daniel Rafecas (por decisión de la Cámara de Apelaciones) como el fiscal Carlos Rívolo, quienes intervinieron en primera instancia y habían ordenado el allanamiento al domicilio del vicepresidente en Puerto Madero. También fue obligado a renunciar el procurador de la Nación, Esteban Righi. Fue una clara señal de hasta dónde llegan

los manejos oscuros del poder político con la Justicia, y una advertencia de lo que puede llegar

a ocurrir con aquellos magistrados o fiscales que se atrevan a investigar al poder K.

En ese contexto, la propia presidenta Cristina Kirchner, principal responsable de que Amado Boudou sea el vicepresidente (fue puesto a dedo en las últimas elecciones), ordenó avanzar a fondo para que haya impunidad. Por eso, se utilizó una denuncia por enriquecimiento ilícito que nunca fue confirmada por los denunciantes, presentada anteriormente a que estallara el escándalo por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica por parte de un supuesto amigo y testaferro de Boudou llamado Alejandro Vandenbroele, para luego instrumentar una unificación de expedientes.

Así quedó fuera de acción el fiscal Carlos Rívolo, quien había avanzando sobre numerosas pruebas que vincularían a Boudou con Vandenbroele y con el negocio para imprimir papel moneda utilizando las maquinarias de la ex Ciccone (un negocio de al menos 50 millones de dólares), quedando la investigación en manos de otro funcionario judicial: el fiscal Jorge Di Lello, que sería mucho más afín a la Casa Rosada.

A este escenario de impunidad, ayer se le sumó una nueva denuncia contra Boudou por haber falsificado, supuestamente, su declaración jurada cuando era ministro de Economía. La demanda

fue presentada por el diputado nacional Mario Mazzitelli (Partido Socialista Auténtico), que forma parte del espacio político liderado por Fernando “Pino” Solanas. Tras el correspondiente sorteo, el expediente ya tramita en el Juzgado de Julián Ercolini.

“Llegó a mi manos una información muy importante que pone de manifiesto que el actual vicepresidente, en su declaración jurada del año 2010, mientras era ministro de Economía, falseó los datos incluidos en la misma. Ello me pareció de una gravedad institucional muy importante”, agregó Mazzitelli ante una consulta de este diario (ver aparte).

Y agregó: “Es evidente que hay luces y sombras en la Justicia. Por ejemplo, algunos datos que nosotros aportamos ya figuran en la causa 12390/09, caratulada como Boudou, Amado sobre denuncia, que son fácilmente comprobables. Ahora bien, en todo lo que atañe a Boudou, hubo evidentes presiones del poder político que llevaron a que sean apartados el juez Rafecas y el fiscal Rívolo, como así también a la renuncia de Righi”.

Estamos ante un vicepresidente que viene mostrando una moral muy dudosa. ¿Con qué valor ético maneja el Senado o suplanta a la Presidenta, si no tuvo empacho en falsificar una simple declaración jurada?

Lo que está sucediendo con el vicepresidente es una demostración clara de quiénes son los que realmente rodean a la Presidenta.

Los ultra K, los muchachos de La Cámpora y los habituales ministros que trabajan de aplaudidores son los mismos que no tuvieron empacho de abrasarse con Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini, seriamente implicados en una millonaria estafa al Estado (ver página 5).

Y son los que, utilizando un discurso progresista como fachada, entregan en bandeja los recursos naturales del país a las multinacionales.

El impresentable Reposo y los votos del Senado

La falsificación de datos

que habría instrumentado Boudou es una maniobra similar a la que hizo su amigo, Daniel Reposo, que es impulsado por el vicepresidente y por el ultrakirchnerismo para reemplazar a Esteban Righi en la Procuración General de la Nación. Es decir, es la persona que, en caso de que su pliego sea aprobado en el Congreso, será el jefe de los fiscales federales.

Días atrás, se conoció que Daniel Reposo falseó varios datos de su currículum personal (inventó haber sido disertante en un evento junto al titular de la ONU), que forma parte del proyecto enviado por la Presidenta que lo propone como sucesor de Righi. Actualmente, el Frente para la Victoria necesita nueve senadores para avalar a Reposo como procurador general, mientras que a la oposición le faltan tres para rechazar esa candidatura. El oficialismo en el Senado cuenta con 39 votos a favor de Reposo, pero necesita 48, mientras que los opositores tienen 22 voluntades que rechazan a Reposo, pero precisan llegar a 25 para impedirlo.

Por tanto, la suerte final del pliego de Reposo queda atada a la opción que realizarán once senadores, porque el aval al candidato lo tiene que votar los dos tercios de los presentes.

La falsificación ya es una constante K

Según el diputado Mario Mazzitelli, que ayer denunció a Boudou, entre los bienes de Boudou figura “la existencia de un automotor Honda Civic CRX del Sol, modelo 1992, el que denuncia haber adquirido el 1° de julio de 1992”, pero de acuerdo con su apreciación, eso sería “contradictorio con piezas procesales contenidas en la causa n° 12390/09 (“Boudou Amado s/denuncia”), en trámite por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 11 a cargo del Dr. Claudio Bonadío”.

Mazzitelli explicó que Boudou en su declaración jurada de 2010, “dice haber adquirido el Honda en 1992 y lo integra a su patrimonio en un cien por ciento, pero el coche en ese momento no estaba en la Argentina. Lo estaba importando la expresa Axa Corporation, que el 11 de agosto de 1992 con la factura 044 efectúa el pedido de nacionalización de la unidad para su posterior venta”.

Indicó que esa firma “por octubre de 1992 se lo vende a Cayetano Campeone, una persona ya fallecida de una familia tradicional del partido de Moreno, quien lo tiene menos de un año y denuncia su venta el 30 de septiembre de 1993 a la firma Atlántica Automotores de Mar del Plata, que se lo vende a Amado Boudou a fines del ‘93”. Según Mazzitelli, Boudou “ha hecho una declaración de adquisición de un patrimonio en función de sus intereses particulares y en detrimento de un tercero”, en relación al juicio de divorcio del ex disc jockey para eludir el reparto de “bienes gananciales”.

“Boudou traslada la falsificación de fechas a su declaración jurada, el corazón de la medidas de transparencia y sólo para engañar al Estado y a la sociedad”, añadió Mazzitelli, que insistió en que “no se trató de un error, es un modus operandi del vicepresidente” contrario “a la ley de Etica Pública”.

Mazzitelli aseveró que Boudou “tuvo tiempo de corregir esa falsificación; sin embargo insistió con ella en sus declaraciones juradas, lo cual indica que es un procedimiento usado por el actual vicepresidente”.

“La falsedad del otrora ministro de Economía y actual vicepresidente se encuentra tipificada en el tercer párrafo del artículo 268 del Código Penal,

que señala: Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua, al que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo”, precisó el dirigente.

Protesta para pedir una Justicia imparcial

Un grupo de diputados de la oposición realizará hoy un abrazo simbólico al Palacio de Tribunales para reclamar el funcionamiento de una “Justicia independiente” frente a las investigaciones sobre funcionarios del Gobierno.

La manifestación opositora se realizará a las 18, en Lavalle y Talcahuano, en el microcentro porteño, se informó ayer. La protesta fue convocada por “una Justicia independiente” y, en particular, por la causa que se le sigue a Boudou. Los diputados que participarán de la manifestación son Gabriela Michetti (PRO), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo (PRO), Omar de Marchi (Partido Demócrata de Mendoza), Jorge Triaca (PRO), entre otros.