Amado Boudou fue ayer el vocero del malestar del gobierno con lo que definió como “justicia cautelar exprés” que la semana pasada suspendió la entrada en vigencia de la nueva Ley del peón rural , a pedido del gremio que conduce Gerónimo “Momo” Venegas.

“Vemos que el tema no tiene una definición y es llamativo el funcionamiento de algunos sectores de la Justicia, porque algunas cautelares se rechazan velozmente y otras las siguen manteniendo durante años, en casos tan disímiles como fue las reservas del Banco Central y el caso UATRE (el gremio de los peones) que consiguió cuatro en un día”, se quejó ayer el vicepresidente ante los periodistas que los aguardaban en la explanada de la Casa Rosada, tras participar del acto en que se presentó la primera autobomba de fabricación nacional.

“El Gobierno viene marcando situaciones que son de una arbitrariedad manifiesta y siempre son para defender algún grupo económico ”, agregó, y pidió que “alguien se ponga a definir cuál es la política judicial respecto a las medidas cautelares”. Enseguida agregó que “obviamente no es el Poder Ejecutivo ni el Legislativo”, por lo que su reclamo apuntaría a una intervención de la Corte Suprema.

“Parece que las decisiones de los jueces tienen que ver más con quién es el actor que con el cuerpo normativo”, siguió el vice a cargo del Poder Ejecutivo. “La mayoría de las veces, las cautelares son para defender algo que es muy concentrado respecto a las mayorías que están atomizadas en su voz y en su voluntad : las mayorías hablan cuando hay elecciones y dan su veredicto pero parece que después los grupos concentrados tienen posibilidad, con algunos sectores de la Justicia, de torcer esa voluntad”.

La nueva ley dispuso la intervención del RENATRE, el registro de trabajadores rurales que lleva la UATRE con el respaldo de las entidades empresarias del agro, y su reemplazo por un nuevo registro que controlará el Estado.

La semana pasada, a través de recursos presentados en juzgados de Capital Federal y La Plata, Venegas logró frenar la aplicación de la nueva normativa. Boudou calificó enseguida a esa cautelares como “atropello institucional” y fueron apeladas por el Gobierno.