Las transacciones sobre las que se realizan las averiguaciones judiciales son “la compra de terrenos en el exclusivo barrio privado del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar”. También se investiga la participación “accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción” y la “sugestiva locación simulada del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, departamento 3, torre 2, Puerto Madero”.

La denuncia original fue radicada por Christian Sanz, director del portal digital Periódico Tribuna, y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, habituado a realizar este tipo de presentaciones ante la Justicia. En ese marco, el fiscal federal Jorge Di Lello dio lugar

a una investigación penal, a la vez que entregó el requerimiento correspondiente al juez federal Ariel Lijo, quien también se encuentra a cargo del expediente sobre el caso Ciccone Calcográfica.

Según los fundamentos planteados en la denuncia, la indagación debe orientarse hacia las “suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales (de Boudou)”, montos que no se “condicen” con el sueldo “de empleado público” que el ministro recibió durante la última

década.

“La Justicia debe cruzar la información de las personas y empresas antes aludidas”, propusieron los denunciantes, a la vez que incluyeron una lista de particulares y empresas de Mar del Plata que son “cercanas al señor vicepresidente'.

Sin duda, que la estrategia de la presidenta Cristina Fernández de cubrir a su vicepresidente

se está agotando en sí misma, ya que son sus mismos funcionarios K los que día a día protagonizan nuevos escándalos de corrupción.

Piden la renuncia del vicepresidente

La titular del bloque de legisladores del GEN-FAP, Margarita Stolbizer, aseveró ayer que el vicepresidente Amado Boudou “debe apartarse del gobierno”, tras la imputación. Además añadió que “vía renuncia o licencia preventiva, debe liberar a la presidenta (Cristina Fernández) de tener que sostenerlo con el riesgo de caer ella misma en el delito de encubrimiento”.

En un comunicado, la dirigente opositora expresó que “el fiscal (Jorge Di Lello) debe ampliar su investigación hacia otros funcionarios involucrados en la contratación de la eximprenta Ciccone. La situación del vicepresidente se hace insostenible para la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

La noticia recorrió el mundo

La escandalosa imputación del vicepresidente Amado Boudou se hizo eco en los principales medios del mundo, que reflejaron en sus ediciones los constantes problemas de corrupción que azotan al Gobierno nacional.

Para La Tercera, de Santiago de Chile, “Amado Boudou, nuevamente está en el ojo del huracán” a raíz de esta nueva imputación que deberá resolver el juez Ariel Lijo. Asimismo, El Comercio, de Quito, también publicó la noticia.

Por su parte, la BBC de Londres, así como la cadena de noticias Fox, y el diario Washington Post fueron tres de los medios ingleses que retrataron el escándalo gubernamental.

En España, los medios pro Repsol aprovecharon la noticia para profundizar las críticas hacia el Gobierno nacional. En ese marco, el diario El Mundo, de Madrid, destacó el lujoso departamento en Puerto Madero, su pasión por las motos de alta gama y su fama de “concheto” al referirse a

la acusación de enriquecimiento ilícito. Por último, el periódico El País sostuvo que “Boudou ya se encontraba bajo investigación judicial por supuesto tráfico de influencia en el caso de la imprenta Ciccone de impresión de billetes”.

Advierten “embestida” del poder político contra la Justicia

Legisladores nacionales advirtieron ayer que hay una “embestida fuerte” del “poder político” para “condicionar” a la Justicia en torno al caso de la imprenta ex Ciccone en el que está imputado el vicepresidente Amado Boudou.

En declaraciones a la prensa, la senadora nacional María Eugenia Estenssoro y el diputado nacional Alfonso Prat Gay coincidieron en remarcar las “conexiones” de Boudou, acusado por presunto “enriquecimiento ilícito” durante su gestión como ministro de Economía de la Nación, en el marco de la causa ex Ciccone. “Hay demasiados indicios de que Boudou tiene conexiones y que ha influido en las decisiones que tomó la AFIP, la Casa de la Moneda respecto de Ciccone”, afirmó Estenssoro y alertó que “acá hay una embestida muy fuerte del poder político para condicionar a la Justicia y para que no sea independiente”. En ese sentido, la senadora opositora remarcó que “lo más inminente” es la “impugnación” de Daniel Reposo como procurador general, al afirmar que “va a ser una prueba importante de si efectivamente queda una posibilidad de justicia en nuestro país, porque lo que hemos visto hasta ahora en todos los casos de corrupción fragante es que generalmente la Justicia ha sobreseído a los responsables”.

Por su parte, el diputado Prat Gay subrayó “la responsabilidad del Banco Central” porque, según explicó, “el resultado final es que se le encargó a una empresa de dueños desconocidos la producción de un bien tan estratégico y sensible como los billetes”. Además recordó el proyecto que impulsó el ARI, en el que se buscaba producir billetes de 200. En ese sentido, el economista señaló que “con un billete de 200 ya alcanzaba la capacidad de la Casa de la Moneda, no había por qué ir a Ciccone”y que “el directorio del Banco Central es claramente partícipe necesario de esta historia”.

Reclaman ampliación de juicio político

Tras la imputación, un grupo de diputados nacionales de la oposición plantearon ayer en la Cámara baja la ampliación del pedido de juicio político contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por supuesto “mal desempeño” por hechos que se habrían cometido con posterioridad al primer reclamo contra el funcionario.

“Consideramos que nuevos hechos sucedidos con posterioridad a la presentación del pedido de juicio político pueden ser considerados nuevas causales de mal desempeño, motivo por el cual venimos a ampliar el pedido por medio de esta nota. Estas nuevas causales deberán ser analizadas por la comisión de Juicio Político en forma conjunta con las antes referidas”, sostuvieron los legisladores en el pedido elevado al presidente de la Cámara, Julián Domínguez.

El pedido lleva las firmas de los diputados nacionales: Patricia Bullrich (Unión Por Todos); Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO); Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Omar De Marchi, y Roberto Pradines (Partido Demócrata de Mendoza).