Los tribunales de Comodoro Py quedaron ayer sembrados de nuevos expedientes derivados de denuncias cruzadas en torno a la causa que investiga el levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone. En un paso más de la ofensiva que inauguró el jueves pasado con una encendida exposición, el vicepresidente Amado Boudou formalizó ayer una presentación judicial contra el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y contra el estudio jurídico de la familia del procurador general de la Nación, el otrora intocable Esteban Righi, y del ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro. Pero como contrapartida, la maraña judicial se completó con otras tres causas que quedaron radicadas en distintos juzgados contra el propio Boudou, por no haber denunciado en su momento los delitos que recién dio a conocer públicamente durante su defensa en el Senado.

El abogado del vice, Eduardo Durañona, presentó ayer la denuncia formal que quedó asentada a través de la causa 3247/12, poco después de las 9. El expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Jorge Di Lello, que a última hora aún no había tomado contacto con la presentación. Según trascendió, Lijo podría enviarle hoy mismo al vice una notificación para comunicarle que puede ratificar la denuncia a través de un escrito, algo permitido por su cargo. En cualquier caso, el ex ministro solicita que se inicie una investigación sobre los hechos que fueron “desdeñados” en su momento, y que en vista de las derivaciones del caso que denomina “Ciccone-Boldt” deben ser puestos en conocimiento de la justicia.

En la acusación, Boudou ratificó su denuncia por supuesto tráfico de influencias (“lobby”) contra el estudio García, Labat, Musso, Righi. Según relató el propio Boudou, funcionarias de ese bufete de abogados se habrían ofrecido reiteradas veces en los años 2009 y 2010 para “aceitar” sus vínculos con la Justicia Federal, que funciona en Comodoro Py. Según dijo el vice, siempre rechazó esas gestiones que se dieron mientras era director ejecutivo de la ANSES y ministro de Economía. “El hecho de haber ignorado el mensaje que se me estaba enviando, siéndome hoy evidente que por la cercanía que esos letrados tendrían con funcionarios judiciales y a la vista de las actuales circunstancias, es que me llevan a analizar todo lo que en aquellas reuniones se me dijera y ofreciera”, aseguró Boudou.

La denuncia fue un golpe directo a Righi, fundador y esposo de Ana García, una de las socias del estudio que dirige su hijo, Federico Righi. Según describieron en el entorno de quien es jefe de los fiscales desde 2005, la sensación que lo embargó fue la de “sorpresa” ante la embestida de Boudou. Recluido, Righi evitó hacer declaraciones a su regreso de Nueva York y redujo al mínimo el contacto con su propio equipo para analizar los pasos a seguir. Puntualmente, Boudou señaló, en el escrito al que tuvo acceso Tiempo Argentino, a García y a María José Labat –esposa del ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro– como sus visitantes.

En tanto, la segunda parte de la presentación apuntó que Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa, se habría propuesto como nexo de la empresa Boldt para “el ofrecimiento en concreto de un pago indebido”, en marzo de 2011. La compañía Boldt, que se ocupa de la rama del juego, es a la que el ex ministro de Economía señaló por montar una operación en su contra. El titular de la Bolsa de Comercio, por su parte, anunció a través de un comunicado su intención de querellar al vicepresidente a raíz de sus declaraciones, lo que podría agregar una causa más en trámite.

A su vez, Hernán Ordiales, representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, anunció el inicio de un proceso con pocas posibilidades de prosperar contra el juez que investiga la causa, Daniel Rafecas, a quien Boudou atacó por la filtración de los detalles del allanamiento realizado a una de sus propiedades el pasado miércoles (ver aparte).

Como contraofensiva judicial, y el mismo día en el que Boudou decidió recurrir a los tribunales, los diputados Graciela Ocaña, Manuel Garrido (UDESO) y Ricardo Gil Lavedra (UCR), el ex legislador Juan Carlos Morán (Coalición Cívica-ARI) y el abogado Ricardo Monner Sans denunciaron por triplicado al vice. El denominador común fue la omisión de la denuncia judicial correspondientes por su rol de funcionario público, ante los supuestos internos de extorsión y soborno de los que dijo haber sido objeto.

La de Ocaña, Garrido y Gil Lavedra fue derivada por sorteo al juzgado federal de Norberto Oyarbide, mientras que la de Morán que también lo acusa por posible “incumplimiento de deberes” y “encubrimiento” en torno al caso Ciccone, quedó asentada en el mismo juzgado pero con la asistencia del fiscal Carlos Rívolo, uno de los blancos de Boudou por el modo de conducir la investigación. Además, Monner Sans denunció a Boudou por el delito de “omisión de denuncia” contra Rafecas, Righi y Gabbi. La presentación llegó al juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Los denunciantes recordaron que el número dos del Ejecutivo afirmó que “existirían mafias que intentarían perjudicarlo; y que en dos ocasiones miembros de un reconocido Estudio en el que trabajan familiares directos del procurador general de la Nación, le habrían ofrecido un claro tráfico de influencias con jueces y fiscales del fuero penal federal”. <