El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa de la ex Ciccone, interrogará hoy a uno de los técnicos de la AFIP que intervinieron en el proceso que permitió el levantamiento de quiebra de la empresa ahora expropiada por el Estado, y que había terminado en manos de supuestos conocidos del vicepresidente Amado Boudou.
En diciembre de 2011 la firma consiguió que la AFIP le otorgara cuatro moratorias especiales y, de acuerdo a la causa, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, hizo una consulta expresa a Boudou, entonces ministro de Economía, para resolver si se le otorgaba ese beneficioso plan de pagos a la empresa que terminó en manos de The Old Fun, que manejaría Vandenbroele.
El juez Lijo investiga a Boudou en la llamada causa Ciccone por delitos de “tráfico de influencias” y “negociaciones incompatibles por la función pública”, pero se le sumó una denuncia por enriquecimiento ilícito, un delito del Código Penal que revierte la causa de la prueba y el sospechoso debe demostrar su inocencia.
Ahora, se investiga si el vicepresidente Boudou habría vendido dólares por un valor más bajo que el cotizado en el mercado legal. Así surgiría de la declaración jurada de Boudou del último año, la cual presentaría “inconsistencias e irregularidades”, según denunció el diputado de la UCR Manuel Garrido ante la Justicia y también ante la Oficina Anticorrupción.
Entre esas sospechas aparecen las operaciones de dólares declaradas por Boudou, que asegura haber vendido 38.000 dólares durante el año 2011, de acuerdo con la presentación.
“Esa circunstancia le ha reportado $ 145.600,00 -dijo Garrido-. Es decir, que el vicepresidente ha vendido sus dólares a razón de $ 3,83 por dólar, cuando nunca durante 2011 la cotización estuvo fijada en los valores que refleja lo declarado por Boudou”.




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