Sin embargo y a pesar de que en agosto de 2010 se firmó el acuerdo entre la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica para realizar este control de acuerdo al fallo de la Corte Internacional de La Haya, desde entonces las poblaciones ribereñas jamás fueron informadas sobre los resultados de los monitoreos..

La delegación uruguaya en la Caru, afirmó a EL ARGENTINO, que la falta de un comunicado conjunto se debe a la negativa del gobierno de Cristina Kirchner a reconocer que Botnia no contamina y que es el río Gualeguaychú el que está contaminado.

Por su parte, la delegación argentina en la Caru indicó a este medio que el Comité Científico (binacional) debe establecer si la planta cumple o no con la normativa vigente, y en ambas delegaciones no se ponen de acuerdo sobre esa normativa. Y por eso no se puede lograr un informe en común.

El 28 de julio de 2010, luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, los mandatarios de Argentina y Uruguay acordaron instalar un Comité Científico Binacional para el “monitoreo conjunto de la planta UPM-Botnia” y los establecimientos y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en el río.

La nueva controversia se suscitó porque Uruguay autorizó unilateralmente (luego del fallo de La Haya) a aumentar la temperatura de los efluentes de Botnia a 30 grados, cuando el Digesto del Río Uruguay establece que no debe superar la temperatura ambiente de las aguas, 9 grados en invierno y 24 en verano en promedio. Ante eso, la postura de Argentina se basa en un concepto simple: Introducir mayor calor al río es introducir energía y eso es contaminar. Los manuales más elementales sobre la materia, así lo afirman. La Corte de La Haya recomendó a ambos países no agravar el conflicto y que toda resolución vinculada al mismo debe ser tomada en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) y no de manera unilateral.

Esta puja ya llegó a ambas cancillerías quienes aún no han hecho público ningún malestar. El canciller argentino Héctor Timerman como su par uruguayo, Luis Almagro, se han especializado en mantener un diálogo de sordos en torno a la mayor controversia ambiental que tiene América Latina y que los involucra de lleno.

Promesas incumplidas

José Mujica y Cristina Kirchner prometieron que los documentos e informes sobre el monitoreo se conocerían de manera inmediata. Hasta ahora en lo único que se han puesto de acuerdo en la Caru, es en acusarse de manera cruzada unos a otros.

El fallo de La Haya (20 de abril de 2010) dispone que las muestras de aguas del río Uruguay tomadas en las proximidades de la pastera fueran enviadas a dos laboratorios de Canadá. Esas muestras ya fueron analizadas. Sus resultados se enviaron a la Caru pero hasta ahora el organismo administrador no los ha hecho público.

Desde el fallo de la Haya, salvo el levantamiento del corte de ruta por parte de los asambleístas, no hubo ninguna acción para evitar que este conflicto continuara agravándose. Los Estados y Botnia se esmeran en profundizar un conflicto que a esta altura debería estar enmarcado a través de la difusión de los parámetros científicos.

Sin propuestas

Fracaso. Ninguna otra palabra comprende mejor lo que está sucediendo en torno a la Caru y al monitoreo. La Defensoría del Pueblo de la Nación ha recomendado que ahora se incluya a las organizaciones civiles en el monitoreo del río.

Esto no es otra cosa que modificar la integración de la Comisión binacional que fiscaliza a Botnia e incluir –al igual que en el saneamiento del Riachuelo- a las comunidades ribereñas porque son las primeras afectadas y al parecer las únicas interesadas para que se deje de contaminar.

El defensor del Pueblo, Anselmo Sella, recomendó al Estado argentino que establezca un mecanismo que permita y garantice la participación de la población civil en el monitoreo de la planta UPM-Botnia.

El Comité Científico que reporta a la Caru está integrado por cuatro personas (dos por cada país). Cuatro personas es un número que puede ser interpretado como insignificante ante la titánica tarea de monitorear a la planta, máxime teniendo en cuenta las presiones que de una y otra orilla ejercen los Estados y los intereses de la pastera.

En otras palabras, lo que está quedando al descubierto por este diálogo de sordos entre las cancillerías, es que la Caru ha quedado desautorizada y por el momento, estas posturas de acusarse mutuamente, sólo favorecen a que la pastera siga contaminando sin que los gobiernos la frenen.

¿Por qué es importante conocer los informes del monitoreo? Porque atañen a cuestiones básicas como la salud pública y a las relaciones entre la producción y el cuidado del medioambiente.

Sin defensas

EL ARGENTINO accedió al plan acordado entre Argentina y Uruguay vinculado al plan de monitoreo a la planta Orion (UPM-ex Botnia) y al río Gualeguaychú en su desembocadura con el río Uruguay.

De acuerdo a lo especificado en los puntos 3 y 4 de las notas diplomáticas del 30 de agosto de 2010, el objetivo general del programa es implementar un monitoreo continuo de Botnia, de sus efluentes líquidos y emisiones gaseosas que accedan al río Uruguay y de las condiciones ambientales de ese curso de agua tanto para la zona de influencia como en la desembocadura del río Gualeguaychú en el Río de los Pájaros y todo esto, con el objetivo de contar con un alerta temprana a fin de que las autoridades competentes adopten las medidas pertinentes ante modificaciones en el medioambiente.

“Para ello se propone implementar un programa de monitoreo continúo, multidimensional integrado, con mediciones automáticas en tiempo real con sensores, sondas y muestreos puntuales de aguas y sedimentos para estudios fisicoquímicos, químicos y biológicos”, reza el documento al que accedió EL ARGENTNO.

El documento entre otras cosas dispone en primer plano que son los Estados quienes deben demostrar que están para defender el interés general de la población y no los privilegios de una empresa. Este capítulo está por escribirse y no hay ningún indicio para tener esperanzas a raíz del silencio de las cancillerías y las acusaciones cruzadas en la Caru. Pero, en todo caso, la única esperanza es que el pueblo no se desmovilice.

Dragado

A dos meses de haberse conocido la denuncia sobre un supuesto intento de soborno para que un diplomático uruguayo favoreciera a una empresa en el dragado del canal Martín García, el Gobierno oriental dejó trascender ayer un informe en el que duda de la regularidad con la que la Argentina extendió el contrato de esa firma holandesa.

El 22 de mayo, Uruguay rechazó la renuncia del embajador itinerante Julio Baraibar, quien había intentado dejar su cargo tras reconocer este intento de soborno de un operador privado argentino al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo, para favorecer la continuidad de la empresa Riovía.

La auditoría del TCU hace además mención al presunto intento de Soborno a Bustillo -el que sacó a la luz Baraibar, un hombre de extrema confianza del presidente José Mujica- en una reunión a la que fue citado por el entonces vicecanciller argentino Roberto García Moritán.

Anoche, la cancillería Argentina rechazó la denuncia del Uruguay de manera enfática