El ingreso a la planta está previsto para hoy y mañana, de donde se extraerán muestras de agua del río Gualeguaychú en su desembocadura con el río Uruguay. Desde el inicio de estas tareas de monitoreo ambiental -hace ya quince meses-, jamás se informó a las comunidades sobre sus resultados, lo que es considerado por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú una grave irregularidad. En esa línea, explicaron que se trata de una información indispensable para la protección de la vida y la salud de las personas y el ambiente, además de que el ocultamiento de esos datos lesiona elementales conductas democráticas y republicanas.

A esta situación se le debe sumar –como un agravante- que desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Estado uruguayo se ha esmerado mucho para agravar el conflicto y para actuar de mala fe, como queda demostrado en las reiteradas constataciones que se vienen realizando desde la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Ambos gobiernos no logran ponerse de acuerdo en elementales normas para informar de manera pública el estado de salud del río Uruguay, generando incertidumbre y un estado de permanente sospecha sobre la complicidad para que UPM (ex Botnia) siga operando en la total impunidad.

Ya el Comité Científico argentino –hoy integrado por Esteban Lyons y Mabel Tudino- constató en octubre de 2010 que la planta diluía sus efluentes con agua del río Uruguay, procedimiento que está prohibido a nivel mundial. Claro está, UPM no fue siquiera sancionada.

El 29 de abril del año pasado y a pocas horas de realizar el segundo monitoreo, el gobierno uruguayo comunicó a la Caru que había decidido unilateralmente cambiar su normativa con respecto a la temperatura del volcado del efluente, elevando de 30 a 37 grados centígrados, lo que contradice claramente el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay que ordena que no se superen las condiciones naturales del río, es decir, nueve grados promedio en invierno y 20 grados promedio en verano. De nada sirvió la protesta argentina ante esta nueva irregularidad y violación al Estatuto compartido. La otra situación irregular está vinculada con el aumento de la producción de la planta, que ha superado el millón de toneladas anuales permitido, publicó El Argentino.