Voceros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, en tanto, ratificaron luego de la notificación de los gendarmes que mañana se analizará el posible levantamiento del corte del acceso al puente Gualeguaychú-Fray Bentos, que ya lleva más de tres años, “a cambio” de concesiones por parte del gobierno que aún no fueron definidas, pero que estarían vinculadas con controles ambientales a la pastera UPM, ex Botnia.

   El gobierno, en tanto, publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto Nº 828/2010 por el cual ratificó la presentación del procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, como “parte querellante” en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú, que lleva el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel.

   La medida firmada el viernes pasado por la presidenta Cristina Fernández había sido pedida por el juez Pimentel, a fin de admitir al gobierno como parte en la causa iniciada contra los asambleístas en el año 2006 por la Gendarmería.

Diferentes ilícitos. En los considerandos del decreto, la Casa Rosada reiteró que el corte implicó “diferentes ilícitos” que “constituyen un alzamiento contra una decisión internacional” dictada por la Corte Internacional de La Haya, manifestó, a pesar de que el tribunal no mencionó en su fallo al piquete de la ruta 136

   El juez avanzó ayer en la causa que busca el desalojo de la ruta, ya que personal del Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, encabezados por su jefe, el comandante Carlos Arias, leyó en el corte de Arroyo Verde a los asambleístas presentes la notificación del Juzgado Federal sobre la tramitación del proceso.

   Los asambleístas allí presentes se negaron a firmar la comunicación, pero Arias advirtió que el trámite se dio por cumplido, ya que llevó testigos que constataron lo ocurrido.

   De esta forma, el juez Pimentel notificó a la Asamblea Ambiental su pronunciamiento de la semana pasada, cuando ratificó que la Gendarmería debe cumplir con tres “mandatos judiciales”, dos de 2006 y uno de 2007, que “se encuentran plenamente vigentes” y establecen el desalojo del acceso al puente.

   En el fallo, el juez Pimentel advirtió a los ambientalistas que “supeditar el cese de la obstrucción de la ruta al desmantelamiento de la planta de celulosa deviene desproporcionado e irrazonable”.

   Asimismo, Gendarmería identificó a una veintena de ambientalistas que estaban presentes ayer en el refugio del kilómetro 28, a fin de llevar sus nombres al magistrado, lo que podría acarrearle imputaciones en graves delitos, como homicidio culposo, privación de la libertad, amenazas, extorsión, entre otros cargos que les atribuye el gobierno.

   Entre los identificados estaban el abogado Luis Leissa, José Pouler, uno de los voceros históricos de la asamblea, Sira Muñoz, María Elena Marchioli, entre otros.

Tozudez. Por su parte, Pouler se mostró ayer abierto a la posibilidad de levantar el corte de la ruta 136 para evitar, dijo, que por “nuestra tozudez” Uruguay ponga como excusa el piquete “para no permitir el monitoreo”.

   Pouler ratificó que este miércoles habrá una “asamblea más grande” durante la cual, sostuvo, “puede estar el levantamiento del corte como una de las medidas, a cambio de que ocurran ciertas cosas del gobierno que hasta ahora no han sido posibles” y que vinculó con un estricto monitoreo de UPM.