Así las cosas, los gobiernos en ambas orillas han puesto a la República de rodillas para tributar los deseos depredadores de empresas como Botnia. No les importó que se violarán diez veces el Estatuto del Río Uruguay, como tampoco les importa criminalizar a los ciudadanos que se oponen a esos proyectos de muerte. Están para eso: para ser fieles guardianes de los billetes de Botnia.

Tanto en el Parlamento de la República Oriental del Uruguay como en el Congreso de la Nación Argentina, se votaron leyes idénticas para proteger las inversiones de Finlandia (léase Botnia) y lo hicieron con ovación y con un claro espíritu cipayo; porque en ambas leyes votadas en ambos parlamentos, se dice textualmente: “En caso de divergencia prevalecerá el texto en inglés”. ¿La Patria? Se está perdiendo en el sumidero de ambas cancillerías.

En este conflicto que ya lleva siete largos años, hay dos partes: por un lado, el gobierno argentino, el uruguayo y Botnia y por otro, los ciudadanos de a pie que no otorgan licencia social para que se genere el mayor ecocidio en la región.

Los gobiernos de Argentina y Uruguay, que actúan con esmero para ser nombrados los mejores empleados del mes, ya ajustaron el monitoreo a la conveniencia de Botnia. De otra forma no se explica que el emprendimiento celulósico haya anunciado una inversión millonaria para construir un muelle en La Paloma que será para beneficio propio. Sólo una empresa que tiene “un guiño” o el control de las decisiones de un gobierno se atrevería a invertir de manera millonaria cuando los Estados están acordando un monitoreo que le podría costar el funcionamiento de la planta. ¿Nada tiene que decir el gobierno argentino sobre esta situación que agrava el conflicto? ¿Dónde quedó el actuar de buena fe que recomendó La Haya?

Lo concreto es que fue la Asamblea Ciudadana la única que dio un gesto para destrabar el conflicto. No lo hizo Argentina, cuyo gobierno sigue presionando a la Justicia para que criminalice la protesta social, que no aplica el Código Aduanero aunque los insumos luego sean parte del proceso de contaminación, que nada dice ni protesta sobre las actuales violaciones que se siguen sucediendo al Estatuto del Río Uruguay. Tampoco ha brindado un gesto el gobierno uruguayo, que sigue cajoneando los exhortos de la Justicia Federal (tan activa para actuar en contra de la asamblea y tan lerda para actuar en contra de Botnia) y así le da impunidad a los directivos de la empresa celulósica para que no vengan a declarar en la causa penal por contaminación. Tampoco dio gestos el gobierno uruguayo, que sigue prohibiendo la libre navegación en el río Uruguay para proteger la zona de exclusión que favorece a la planta ubicada en Fray Bentos. Y, obviamente, ningún gesto de Botnia, que hoy está a sus anchas porque sabe “que en caso de divergencia prevalecerá el texto en inglés” que le redactaron a ambos Parlamentos.

No es casual lo que está ocurriendo con Botnia en el acuífero Guaraní. Lo mismo ocurre en el Amazona con la tala depredadora, porque en materia ambiental da igual que esté Collor de Melo o Lula Da Silva.

En Argentina ocurre lo mismo, sea Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, Néstor o Cristina Kirchner. La Panamerican Silver explota la mina Manantial Espejo de plata y oro en Gobernador Gregores, Santa Cruz, y acaba de comprar el yacimiento Navidad en el norte de la meseta de Chubut que es la más grande reserva de plata del país y una de las más grandes del mundo. Otra empresa, la “Oro, Cobre y Litium Americas” es la encargada de la explotación de minas de oro, cobre y litio en los salitrales de la Puna salteña-jujeña, cuya población es considerada una de las más pobre de América.

Así las cosas, los modelos saqueadores se repiten a lo largo y ancho de este sufrido continente.

Sin embargo, hay ejemplos que se oponen a este apetito voraz. Es el caso de la Bolivia de Evo Morales –ver recuadro-.

Cristina y Mujica se reunirán los primeros días de agosto para acordar el monitoreo que mejor le conviene a Botnia. Las cartas están echadas desde hace años, desde el preciso instante en que los parlamentos aceptaron que en caso de divergencia prevalezca el texto en inglés. El cipayismo ya ha jugado su mejor papel en esta obra: interpretó el rol de ser el siervo de la industria de la muerte. Eso sí, invitan a los asambleístas a reuniones como si fueran banquetes, donde la verdad se tergiversa en el mayor de los secretos e intentan vender los espejitos de colores y así tener algo de capital para el 2011.

El ejemplo de Bolivia

Cuando tallan las grandes corporaciones, no todo hecho es consumado. Hay ejemplos elogiosos. El de Evo Morales es uno de ellos. El 9 de julio se conoció la noticia de que el gobierno de Morales sancionará a la empresa Embotelladora Boliviana (Embol), filial de Coca-Cola en ese país, por incumplir una norma emitida hace una semana que prohíbe los monopolios y contratos de exclusividad.

Según la agencia estatal ABI, el director de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, sostuvo que se ha corroborado que esa firma mantiene contratos de exclusividad con varios intermediarios, por lo que instruyó la apertura de un proceso para sancionar por “infracción e incumplimiento” a Embol.

La empresa podría incluso perder su licencia de funcionamiento si se comprueba que la infracción cometida es muy grave.

“Tenemos sanciones desde lo económico hasta la cancelación de la matrícula. Los empresarios tienen que aprender que éste es un Estado donde rige la norma, donde todos debemos someternos al imperio de la Ley, nadie puede estar exento de esto”, sostuvo Cámara.