En comunicación con Cristina Vicentin el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, dio el anticipo de una batalla judicial que podría hacer caer la denominada Ley de Ordenamiento Territorial, que el miércoles por la noche recibió la restante media sanción en la Cámara de Diputados. El ambientalista aseguró que analizan recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la nulidad de la norma por considerarla viciada de irregularidades.

El argumento central es que se trata de una “copia fiel” del Decreto 1439/09 que firmó el gobernador Arturo Colombi. Según la entidad, el gobierno provincial tomó esa base y envió como proyecto de Ley al Poder Legislativo. En el Senado adquirió la primera media sanción sin modificaciones, mientras que en Diputados se frenó en la Comisión de Ecología y Ambiente.

Tras el pedido de un estudio profundo del tema, a cargo de instituciones como el Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), CECOAL (Centro de Ecología Aplicada del Litoral) y el INTA, el órgano que preside María Inés Faggeti de Mansutti presentó un mapa provincial de qué recursos naturales pueden ser explotados y cuáles no.

Sin embargo, no se tuvo en cuenta esos informes y se aprobó en el recinto legislativo, con la negativa de todo el bloque justicialista. Consecuencia de ello es que la presidente de la Comisión de Ecología ya elevó el caso a la justicia provincial.

Y ahora se presenta un nuevo escollo parar el gobierno provincial por la misma entidad que frenó la aplicación del Decreto 1439/09. Es que la Fundación Iberá está a la espera de la promulgación de la norma, que debe darse dentro de los diez días de su sanción, para recurrir a los estrados judiciales, que bien podrían ser los provinciales sin embargo esa organización tiene pensado ir más allá y evitar “contratiempos” e ir a la Corte Suprema de Justicia.

La cual ya emitió un dictamen de inconstitucionalidad en una Ley similar en Salta, según contó Lacour. Y fue con argumentos parecidos a los que hoy en día se cuestionan en Corrientes, al aprobarse una norma provincial que no se condice con la denominada Ley Bonasso, de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos.