A las denuncias por el texto final con que terminó redactándose la ley 9.814 de ordenamiento territorial de bosques nativos, los técnicos y ambientalistas le sumaron ayer otra por presiones ejercidas por el ruralismo y el propio ministro de Agricultura de la provincia, Carlos Gutiérrez, sobre los legisladores para que el proyecto original de la COTBN fuera modificado.

“Hemos visto durante todo nuestro trabajo, tanto en la Secretaría de Ambiente como después en la Legislatura, la permanente presión que ejercieron el grupo de Cartez y de sociedades rurales, permanentemente apoyados por el ministro de Agricultura, Carlos Gutiérrez, y el secretario de Agricultura, Héctor Fontan”, dijo Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN y una de las integrantes de la comisión conformada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba para evaluar la posibilidad de reclamar en la Justicia Federal la inconstitucionalidad de la norma aprobada en la Unicameral.

“Continuamente han estado poniendo palos en la rueda para que salga la ley que se fue consensuando en la Comisión de Asuntos Ecológicos. Y esa permanente presión y esos obstáculos se vieron plasmados con la acción de los legisladores de Unión por Córdoba y el radicalismo que lo único que hicieron fue darle vida a esos artículos que nosotros denunciábamos y que dieron a la ley el carácter de inconstitucionalidad. En realidad dieron lugar a los intereses de los agronegocios diciendo que defendían la producción agropecuaria de Córdoba. Cuando en realidad le están dando una carta de defunción porque lo que le dieron a Córdoba es cada vez mayor degradación, desertificación y una ley que carece de equidad, porque la ley debe ser hech­a para todos”, disparó la especialista.

¿Por qué la ley provincial sería inconstitucional?

La ley 9.814 que aprobó la Legislatura está claramente por debajo de lo establecido a nivel nacional. Lo que estamos haciendo ahora es conformar una comisión nombrada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba para darle por escrito los detalles y esta información con la idea de que la rectora -Carolina Scotto- inicie inmediatamente las acciones correspondientes para que sea declarada inconstitucional. Pero desde ya que las incompatibilidades son muy grandes. Porque las modificaciones que hicieron al proyecto de la COTBN, que elaboró durante meses, en la Comisión de Asuntos Ecológicos fueron muy importantes y la redujeron a una situación de inconstitucionalidad.

¿Pero qué puntos centrales colisionan?

No respeta la conservación de bosques nativos y también genera posibilidades de desmonte en el rango de conservación rojo donde no debería haber ningún tipo de tala. Además, la mayoría de los artículos que se introdujeron no contemplan la recuperación del bosque nativo y de la producción sustentable. En verdad apunta más a generar desmonte en campos de productores que hacen ganadería empresarial. Y además, en áreas donde hay agua parece que habilitarían el desmonte directamente. O sea esto privilegia intereses que no tienen nada que ver con los supuestos mínimos establecidos por la ley nacional.

Entonces cree que está en riesgo el bosque nativo existente...

La propuesta original era la declaración de la emergencia y se estipulaban distintos aspectos a ser cumplidos hasta tanto se levantara esa emergencia. La cantidad de bosque que le queda a la provincia es sumamente bajo, alrededor del 5% en grandes parches. Con esta ley se declara el fin del bosque nativo en Córdoba. Porque incluso es más permisiva que aquella que permitía desmontes totales. Obviamente que esta ley va a caer como inconstitucional.

La presentación judicial de la Universidad, ¿es una posibilidad o una realidad?

De eso no hay dudas. Lo que simplemente se va a hacer ahora en la universidad es un informe bien detallado de todo esto para ser presentado ante la Justicia Nacional.

¿Cuál es ahora la situación ambiental de Córdoba?

La nueva norma, además de violar el derecho ambiental, está afectando a las comunidades que viven del bosque nativo, y que hoy está en riesgo. El derecho al ambiente sano, de posibilidades de vida de comunidades campesinas de pueblos originarios, y también el derecho al agua. En realidad toda la situación ambiental de la provincia de Córdoba es dramática, extrema, con un avance de la degradación muy grande. Y esto es una acción más todavía que perjudica nuestra integridad territorial a nivel de funcionamiento de ecosistema y también en cuanto a la posibilidad de seguir produciendo e incluso de vida. En realidad esto recién empieza. Estamos defendiendo los recursos que tenemos para toda la sociedad y no para que un grupo, que se apropió de esta posibilidad de hacer una ley para todos, haga una para que siga avanzando el desmonte.

Más críticas a la ley aprobada en la Legislatura

La ingeniera forestal Natalia De Luca, quien presentó un informe al Consejo Superior de la Universidad local, que derivó en la idea de recurrir a la Justicia, volvió a criticar ayer la norma aprobada por la Unicameral. “La ley provincial reglamenta los desmontes. Necesitamos una ley que proteja los bosques porque Córdoba perdió más del 95%. Tenemos que proteger lo poco que queda y tratar de ampliar la superficie boscosa con especies nativas”, dijo la especialista que hoy expondrá sobre la norma en el Concejo desde las 19,30.