Desde que comenzaron las rondas de testigos en el marco de la Comisión Investigadora en la Legislatura porteña, se citaron a 24 personas. Ninguna asistió. Entonces, la frase “si no hay testigos no hay investigación” comenzó a escucharse cada vez en los pasillos del Parlamento, y en los salones. Es por ello que el presidente de la Comisión acudió al juez Roberto Gallardo, quien dispuso la utilización de la fuerza pública para "obligar" a los testigos a acudir a la convocatoria.

Los que no estuvieron muy contentos con el fallo fueron los legisladores del PRO. Martín Borreli, a través de un comunicado, denunció que Hourest le “entregó” la Comisión al magistrado, y habló de “un avasallamiento de las facultades de la Legislatura”. “Antes fue Oyarbide, ahora es Gallardo. Cambian los nombres de los jueces. Lo que no cambia es la desesperación de la oposición por desgastar a Macri, sin reparar en las formas”, expresó.

Pero la cosa no quedó ahí. El legislador calificó a Gallardo como un juez “fallador compulsivo en contra de la Ciudad”, y que “en sólo cinco horas, actuando fuera de su juzgado y del horario judicial, eludiendo el reglamento de sorteos de causas para poder quedarse con el pedido de Hourest, le dictó su propio reglamento a la Comisión Investigadora”.

“(El legislador de Igualdad Social) le entregó la comisión a Gallardo y convirtió una comisión política en una investigación de la Justicia. Es un avasallamiento de las facultades de la Legislatura”, señaló el diputado del PRO, quien además, recordó que “de los 24 testigos que no concurrieron sólo 3 son funcionarios del GCBA mientras que 7 son policías o miembros de la SIDE que no asistieron”.

Por último, Borrelli finalizó su diatriba asegurando que el “reglamento no prevé en ninguno de sus artículos, que el Presidente y/o la Secretaria, lleven a cabo per se gestiones en nombre de la misma, sin estar autorizados. Lo de Hourest es un claro abuso de sus facultades”.