Desde el Programa Industria del gobierno provincial se está realizando un relevamiento de las empresas radicadas en San Luis para conocer la situación de cada una con respecto a la deuda que mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de los bonos de la promoción industrial.
El máximo órgano judicial de la República Argentina, tomó como caso testigo a la firma Orbis, radicada en la localidad de Fraga. En la última reunión, en la que participaron los gobernadores de La Rioja, San Luis y San Juan junto a los Ministros de Hacienda y de Industria de la Nación, se acordó fijar un plazo para acercar las posiciones y así evitar que la CSJN dicte un fallo que alcanzaría a todas las demás fábricas con el mismo incoveniente.
El relevamiento del área dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Transporte de la provincia tiene como fin “que se involucren los estudios contables, que se involucren los gerentes de planta, que se involucren los dueños de las empresas, y que todos llevemos una solución conjunta”, afirmó Paulino Gómez Miranda, jefe del Programa.
“Tenemos 90 días hábiles que están corriendo y necesitamos que nos digan cuál es su propuesta conciliadora”, agregó el funcionario.
En la reunión en Buenos Aires, los ministros nacionales dejaron en claro que deben reclamar la deuda con la AFIP, pero aceptaron que estudiarían una propuesta conciliadora. De no haber acuerdo, decidirá la Corte: “Cualquiera sea el fallo de la CSJN, una de las dos partes (las empresas o la AFIP) va a salir perjudicada” resumió Gómez Miranda.
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