La Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgó un plazo de 90 días a las partes involucradas en la contienda judicial caratulada "Orbis contra el Estado Nacional y la AFIP", por los créditos fiscales de la promoción industrial.
Los tres distritos de la región Cuyo estuvieron representados por sus gobernadores (Claudio Poggi, Luis Beder Herrera y José Luis Gioja), quienes asistieron acompañados por integrantes de sus respectivos gabinetes.
En tanto, por el Estado Nacional, concurrieron los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y de Industria, Débora Giorgi, junto al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
La tramitación judicial tuvo ya sus primeros pasos en instancias judiciales inferiores que, en el caso de Orbis Mertig en particular, fueron favorables a la fábrica beneficiada por la promoción, que pretende una actualización de los valores de los bonos, cuyos montos quedaron fijos desde hace 15 años, mientras que los costos operativos sufrieron variaciones.
Los mandatarios provinciales argumentaron que era necesario avalar las resoluciones judiciales de primera instancia, para garantizar, de esta manera, la permanencia de la empresa en la provincia y, por consiguiente, las fuentes laborales que genera.
El gobierno nacional, en cambio, mantuvo firme su postura de no modificar los montos firmados en su momento, pero se comprometió a trabajar que garantice la continuidad de la firma y los puestos de trabajo.
El caso de Orbis Mertig tiene una particular importancia porque la medida que se tome para resolverlo, sentará un precedente para las demás empresas instaladas en las provincias promocionadas, la gran mayoría en la misma situación con los bonos fiscales. Por eso, los gobernantes de cada una participan como "partes interesadas" en el conflicto.
Ante los planteos, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la ministra, Elena Higthon, exhortaron a las partes a trabajar en una solución al conflicto, con un plazo de 90 días para conciliar posiciones y acercar una propuesta definitiva de conciliación al Tribunal.
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