Los bonistas que ingresaron al canje de deuda de agosto de 2020, y que aún mantienen sus posiciones, hacen cuentas y descubren que perdieron un 60% en promedio desde que aceptaron la oferta argentina. Y con cotizaciones al 20% de Valor Presente Neto (VPN), consideran que puede haber sólo una oportunidad para desprenderse de los títulos públicos reestructurados, lo que provocaría una inundación masiva de bonos argentinos en el mercado, a un valor que sólo interesaría a fondos altamente especulativos (incluyendo algunos buitres de habituales). O a inversores que descarten que el país deberá llamar a una nueva renegociación de deuda en un plazo no mayor al 2026/ 2027, donde la tasa de interés se debería ubicar por encima del promedio discutido y cerrado con Martín Guzmán en agosto 2020. Y ahí estaría el negocio, ya que la alternativa de un juicio contra el país símil el cerrado en 2016 sería imposible por las trabas judiciales impuestas en la emisión de la deuda organizada por Guzmán.

La última oportunidad que consideran válida los bonistas, es presionar en los próximos dos meses ante el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI); para que el organismo financiero cambie su estrategia con el país, y avance en una mayor presión para que se cumplan las metas fiscales, cambiarias y monetarias. Y, en lo posible, apretar aún más las clavijas macroeconómicas del país; o, directamente, dar por terminado el acuerdo con el Fondo para supuestamente presionar por una nueva negociación que derive en un pacto con el organismo que maneja Kristalina Georgieva más duro que el vigente.Hoy creen que el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, su directora adjunta Julie Kozack y el responsable del caso argentino Luis Cubeddu; no fueron lo suficientemente duros en la fiscalización al no exigirle al país una política fiscal, monetaria y cambiaria más restrictiva para cumplir las ya (para ellos) lánguidas metas comprometidas en el acuerdo que reemplazó al Facilidades Extendidas. Y que en la última misión fiscalizadora esa posición algo lánguida se profundizó.

Los bonistas consideran que esa misión dejó pasar una oportunidad única para presionar al gobierno de Alberto Fernández para que ajuste mucho más los números generales del a economía local, especialmente en el terreno fiscal; y que, para peor, autorizó contabilidades creativas y pocas exigencias en cuanto al fortalecimiento de las reservas del Banco Central. Suponen los bonistas que era el tiempo de plantearle al ministerio de Economía que el déficit fiscal debía ser aplicado a rajatabla dentro de la meta de menos de 0,5% total, sin tomar en cuenta los valores de los bonos que fueron considerados por Hacienda para que el desequilibrio se ubique en el 0,3% final. Pero hay algo que indignó aún más a los tenedores de deuda.

La información que desde el organismo se le permitirá al país renegociar la consecutividad de las metas comprometidas para todo el año (sin modificarlas, pero si flexibilizarlas a lo largo de los meses de 2022), provocó un alboroto máximo entre los inversores en deuda local que aún mantienen sus posiciones a la espera de algún tipo de azul en su rentabilidad que nunca llega. Los bonistas creen que el Fondo no fue lo suficientemente duro con el país y que el camino fiscal cerrado para el período 2022-2025 es demasiado flexible y poco exigente. Y que, en definitiva, no tuvo en cuenta la situación financiera de la Argentina para 2024, año en que debería comenzar a regularizarse la deuda renegociada hace un año y medio.

Consideran que el FMI cometió un error de raíz al cerrar el acuerdo: el no exigirle al Gobierno que firme un acuerdo que incluya estrictas reformas estructurales, lo que provoca un severo peligro de incumplimiento. En concreto, a los tenedores de la deuda argentina, los que la mantuvieron desde el canje o los nuevos inversores, no les gusta el acuerdo que el país firmó con el Fondo, pero por flojo en materia de exigencias. Lo contrario, curiosamente, a lo que políticamente se le cuestiona en Argentina a Martín Guzmán.