Es en ese marco que, desde el mes de noviembre del año pasado, el gobierno bonaerense comenzó a anoticiar a sus proveedores que las formas de pago de los servicios mutarían desde el mes de marzo de 2012 en adelante. Es que, según se sabe, y en consonancia con esta política de recortes, la provincia tiene definido comenzar a pagarle en bonos a las empresas que trabajen con el estado.

Según detallaron a REALPOLITIK algunos damnificados, la medida beneficiará a las empresas más grandes que estén en posición no solo de cobrar sus propios bonos a largo plazo, sino incluso de salir a la caza de aquellos percibidos por pequeños emprendimientos que carezcan de espalda suficiente para sobrellevar su actividad sin percibir los pagos de forma inmediata.

“Además los expedientes tardarán más en salir, porque no hay plata. Hay muchas pymes, como la nuestra, a las que la provincia les debe mucha plata. Es algo que en último término beneficiará a los grandes grupos económicos. Nosotros quizás seamos parte de aquellos que tendrán que salir a vender los bonos al precio de mercado, que se cree que será de un 75 por ciento en el mejor de los casos”, explicó el titular de una empresa familiar.

Esta clase de ajustes constituyen una política ya conocida en nuestro país. Y, al igual que otras veces, los primeros coletazos recaerán sobre los proveedores. Luego, se sabe, las siguientes víctimas serán los municipios.

Justamente, en una charla con un periodista de este medio, días atrás, un alto funcionario de un modesto distrito bonaerense refunfuñaba contra el gobierno de la provincia, desde donde se le comunicó que a partir de este año se congelarían todos los ingresos percibidos desde el gobierno bonaerense.

“Esto nos cerrará muchas puertas y nos impedirá, por ejemplo, tercerizar costos como se venía haciendo en algunos casos puntuales”, enfatizó.