Nada pasará antes del Mundial, que quiebra el año en dos y marca los tiempos de la política. Dicen que la campaña 2011 empezará cuando el equipo de Diego se vuelva de Sudáfrica. No antes. Y que tampoco antes de que se termine el sueño nacional futbolero (bien o mal) será formalizado lo que se cocina a fuego fuerte en la profundidad del Conurbano: la mesa de acción política que, dominada por los intendentes más poderosos del corazón electoral del país, tomará el mando del PJ bonaerense hasta que la próxima elección de autoridades normalice el partido.

El objetivo central de los caciques territoriales del peronismo provincial no reconoce medias tintas: se proponen bloquear el ascenso del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, a la cima del poder partidario real, y convertir su vicepresidencia en un cargo casi honorífico.

Con esa jugada, los intendentes del GBA, patricios del peronismo bonaerense duhaldista, pretenden matar dos pájaros de un tiro, porque vienen tomando nota, con preocupación, del crecimiento del eje porteño en el gabinete provincial

-el "menemismo sciolista", le llaman- e instalan una suerte de solteros contra casados en las entrañas del poder provincial.

El núcleo duro del duhaldismo kirchnerista que negocia la integración de la mesa de acción política tiene, entre los más activos y entusiastas promotores de la jugada, al ministro de Desarrollo Social de la Provincia e intendente por control remoto de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera; a su socio quilmeño y vicepresidente del Senado, Federico Scarabino; al ministro de Gobierno de Scioli, Eduardo Camaño; a los más kirchneristas Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alberto Descalzo (Ituzaingó), y al hombre fuerte del norte del Conurbano, Hugo Curto (Tres de Febrero).

Acaso en esa mesa se sienten, como delegados de Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete de la Nación, el también quilmeño Aníbal Fernandez, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, para mechar un representante del interior en un comando controlado por el Conurbano.

Todos esos coroneles apelan a un tecnicismo republicanista para vetar a Moyano: dicen que el camionero no puede quedarse con la conducción del PJ porque no fue elegido por el voto directo. Aunque parezca una chicana y aunque el argumento les quede torcido a estos hombres rudos no siempre tan celosos de los mandatos populares, es cierto: los afiliados eligen al presidente, a los consejeros y a los congresales del partido. Las vicepresidencias, en cambio, son resultantes de acuerdos de cúpulas. Por eso proponen una solución ad hoc que les resuelve el problema.

Además, los intendentes creen que ya demasiado hacen por el líder sindical. "Le financiamos la tropa, nada menos", decía esta semana uno de ellos. ¿Qué quería decir? Que en el paquete de los servicios de recolección de residuos, que representa el renglón más pesado de los presupuestos municipales después del gasto en personal, las comunas sostienen ejércitos de barrenderos afiliados al gremio de camioneros que no siempre barren y que trabajan, en realidad, de militantes.

Lo cierto es que los intendentes, en esa relación de tirantez que mantienen con Moyano en el día a día de sus gestiones, acumulan facturas para pasarle. Y ahora encontraron la manera de cobrárselas todas juntas.

Moyano, igualmente, está dispuesto a dar pelea. Es, quizás, el principal aliado político, junto con Scioli, que tiene Néstor Kirchner, y está dispuesto a hacer valer su peso dentro del movimiento obrero para avanzar en su proyecto político y en la estructura del PJ. En el horizonte está su posible candidatura a gobernador, como así también la definición del resto de las candidaturas. Su intención, claro está, es que aumente la presencia sindical en las listas del oficialismo y para ello es necesario poder manejar algunos de los hilos del justicialismo.