¿Cómo es esto? En el centro del tema está el juez Claudio Bonadío, el mismo que fue apartado de la causa Hotesur, donde se investiga a la familia Kirchner. Esta causa, que fue a parar al juez Daniel Rafecas, seguirá su curso ahora pero en manos de un magistrado que es considerado más cercano, políticamente, al gobierno de Cristina Fernández.

Bonadío, desplazado y atacado duramente por el kirchnerismo, contraatacó este viernes con otra causa, originada en una denuncia de los diputados de PRO, Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso.

Los legisladores habían presentado una denuncia contra Enarsa “por multimillonarias compras de gas importado” que se habrían realizado de manera irregular. Los macristas señalaron que “YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley”, y exigieron “determinar si los funcionarios y asesores han realizado negociaciones incompatibles con su función”.

Las compras de gas al exterior, efectivamente millonarias, se realizan concretamente desde que comenzaron a agotarse los yacimientos neuquinos, y especialmente Loma de la Lata, cuando YPF todavía era conducida por la española Repsol. En esa misma coyuntura, comenzó a mencionarse la necesidad de cambiar la política de precios aplicada por el gobierno nacional, para activar nuevas exploraciones y mantener la producción nacional desde Neuquén y otras áreas, para permitir el autoabastecimiento.

Pero esto no prosperó hasta poco después que el gobierno de Cristina Fernández decidiera la espectacular re-estatización de YPF, poniendo al mando de la petrolera a Miguel Galuccio. El esquema de precios entonces era el mismo de ahora, con mínimas diferencias: para el gas neuquino, de 2 a un máximo de 6,5-7 dólares. Para el gas que se compra a Bolivia, arriba de 11 dólares el millón de BTU; mientras que el gas importado por barco siempre estuvo por encima de los 20 dólares.

Esas compras al exterior, que recién ahora están comenzando a ser sustituidas por mayor producción nacional, con mucha participación de Neuquén, fueron manejadas políticamente desde Enarsa e YPF, blanco ahora directo de la investigación del juez Claudio Bonadío.