Florencia Kirchner podrá ir a declarar tranquila. La hija de la ex presidenta no quedará detenida pasado mañana cuando sea indagada por haber recibido millones de pesos por alquileres de empresarios vinculados al kirchnerismo a los que supuestamente su madre favoreció con negocios.

Así lo decidió anoche el juez federal Claudio Bonadio , que le concedió la exención de prisión bajo juramento de que no va a huir y que estará a disposición de la Justicia cada vez que sea citada.

Cristina Kirchner temía que su hija quedara detenida. Precisó que tenía datos de que intentarían privarla de su libertad. En un escrito de alto contenido político, en el que denunció ser víctima de una persecución judicial y mediática, la ex presidenta solicitó a Bonadio que le conceda una exención de prisión para que pasado mañana pueda ser indagada sin riesgo de quedar detenida.

En la presentación, Cristina señaló que su hija no eludirá las citaciones judiciales y que, en caso de que Bonadio hubiera decidido fijar una suma de dinero como garantía, recordó que su hija tiene el sueldo y los bienes congelados, por lo que bastaría con ellos para responder por ella. Antes de la resolución de Bonadio, el fiscal Carlos Rívolo había anticipado en un dictamen que estaba de acuerdo con que se le otorgue este beneficio.

Florencia Kirchner será indagada pasado mañana junto con su hermano, el diputado nacional Máximo Kirchner , en la causa en que se los investiga por los alquileres que cobraron de los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López , entre otros, como accionistas de su empresa Los Sauces.

Máximo Kirchner no corre el riesgo de quedar detenido tras la indagatoria porque es diputado nacional y los legisladores tienen fueros que les garantizan la inmunidad de arresto.

No obstante, como se trata de una declaración como imputado, debe concurrir personalmente a responder las preguntas y comparecer ante el juez y no puede usar el beneficio de responder por escrito, como ocurriría si se tratara de un testigo.

La empresa Los Sauces, que es en un 50 por ciento de Cristina Kirchner y en un 25 por ciento de cada uno de sus hijos, es dueña de inmuebles que fueron alquilados a Báez y López, entre otros empresarios. A su vez, estos empresarios fueron beneficiados con millonarias obras públicas o licencias de juego o de exploración de áreas petroleras.

Cuando vivía Néstor Kirchner, la empresa era del matrimonio, y su hijo Máximo tenía un porcentaje minoritario.

Cristina Kirchner declarará el martes, un día después que sus hijos. Toda la familia enfrenta la misma acusación: ser parte de una organización que buscó recibir dinero de los empresarios como contrapartida de los negocios que les concedió el Estado durante el kirchnerismo. Pero también enfrentan la posibilidad de ser procesados por otros delitos como cohecho, lavado de dinero o negociaciones incompatibles con la función pública.

Será el juez, quien tras las indagatorias, decidirá cual es el artículo del código penal que atrapa las conductas que les reprocha a los Kirchner y a los empresarios indagados en esta causa.

En cuarto carillas, la ex presidenta fustigó al Gobierno y se victimizó: dijo que hay una "alianza política, mediática y judicial" que "busca ocultar los problemas de los argentinos" y que la privó "prácticamente" de todo su patrimonio, al punto que hasta los bancos tienen prohibido darle una tarjeta de crédito.

Los bienes de la ex presidenta están inhibidos, congelados al igual que los de su hija debido a cuatro causas judiciales que la tienen jaqueada: el expediente conocido como Los Sauces; el caso de la obra pública santacruceña, donde está procesada como integrante de una asociación ilícita que benefició a Lázaro Báez; la causa por la venta de dólar futuro, donde tiene procesamiento firme y que va camino al juicio oral, y el caso de Hotesur en la que está acusada de recibir fondos de Báez por el alquiler de habitaciones en sus hoteles de El Calafate.

Cristina Kirchner -que se dijo víctima de una campaña basada en el "ensañamiento y revanchismo" contra su persona- mencionó en su escrito la "violencia" del discurso de apertura de sesiones en el Congreso que pronunció Mauricio Macri con la referencia que hizo el Presidente al sindicalista docente Roberto Baradel.

Con datos de fuentes que no identificó, Cristina Kirchner dijo que tiene información acerca de que se intentará privar de la libertad a su hija y relató en su escrito que fue objeto de espionaje por las escuchas ordenandas en la causa contra Oscar Parrilli.

Pero mencionó un episodio, de origen incierto: dijo que en febrero pasado, en una reunión en el Banco Central, Federico Sturzenegger proyectó una foto de su hija Florencia y preguntó ante un grupo de gerentes: "¿Y qué hacemos con esta?", con la supuesta intención de envolverla en una causa judicial.

Cristina Kirchner dijo que "es probable" que la causa Los Sauces , que inició Margarita Stolbizer con su denuncia, haya caído por sorteo en el juzgado de Claudio Bonadio "por la manipulación del sistema informático de asignaciones de expedientes". Y agregó: "Recientes estudios periciales han acreditado cómo pueden ser vulnerados tales sistemas informáticos". La ex presidenta sostuvo que este software depende del Consejo de la Magistratura, "hoy controlados por representantes del Gobierno y del partido judicial".

Para Cristina Kirchner todo el Gobierno se complotó para perseguirla: la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo, hizo informes de inteligencia, y mencionó que "un familiar directo" del presidente Mauricio Macri integra ese organismo junto con ex ejecutivos del HSBC, denunciado durante el kirchnerismo por operaciones offshore. En su escrito, Cristina Kirchner volcó su indignación: dijo que a Florencia Kirchner la investigan por integrar una asociación ilícita que funcionó desde 2003, cuando tenía 12 años. En rigor, su hija heredó las acciones de Los Sauces tras la muerte de Néstor Kirchner, y los alquileres continuaron.