Por orden del presidente, un municipio oficialista construirá casas populares en un predio de la compañía Polar. El líder venezolano acusaba a la empresa de generar inflación.
Chávez ya dispuso varias nacionalizaciones en sectores de la economía que considera "estratégicos" para su proyecto socialista, desde la explotación petrolera hasta firmas de electricidad, bancos y cadenas de electrodomésticos y supermercados. En febrero, con el argumento de que las instalaciones de Polar en Barquisimeto no cumplían con su función industrial, el presidente alertó que debían pasar a manos del Estado a fin de construir allí un extenso complejo habitacional para familias de escasos recursos. La amenaza ocultaba una guerra más profunda, relacionada con la lucha que Caracas mantiene contra la inflación.
"Todo depende de lo que (Polar) decida hacer: si deciden volver a boicotear la economía y los alimentos del pueblo, tendremos que actuar: expropiarlos, pagarles y poner la planta en manos de los trabajadores", había dicho Chávez.
Tras ese anuncio, la empresa respondió que ocupaba terrenos dentro de una zona industrial, "no residencial", de Barquisimeto y que tenía "en regla todos los permisos y obligaciones legales" para funcionar en esa zona. El gobernador de Lara salió en defensa de Polar y llegó incluso a presentar su renuncia al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Siguiendo las indicaciones de Chávez, la alcaldesa Sáenz inició los trámites de expropiación. Entretanto, desde Caracas, el legislador oficialista Iván Lugo, presidente de la Subcomisión de Economía Popular, disparó contra el gobernador Falcón al denunciar que "nunca ayudó a las gente más desposeída" y "siempre estuvo a espaldas del pueblo cuando ejerció como alcalde."
Polar tiene más de 70 años de historia en Venezuela, y según sus directivos, "es una fuente de ingresos para más de 30 mil trabajadores directos y cerca de 180 mil indirectos" en sus 30 plantas industriales de todo el país.
La lista negra de Hillary Clinton
Cuba, Venezuela y Colombia fueron los países latinoamericanos más criticados por el Departamento de Estado norteamericano, en su informe anual sobre derechos humanos. La lista negra fue presentada por la jefa de la diplomacia, Hillary Clinton, que denunció a La Habana por "seguir negando los derechos básicos" a sus ciudadanos y a Caracas por "restringir las libertades de expresión y asociación" de sus opositores. El documento señaló además las amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas y sindicalistas colombianos a manos de militares y grupos armados ilegales. En el resto del mundo, la Casa Blanca destacó que la situación "empeoró" en Irán después de la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en junio de 2009. El panorama no es más alentador para el principal acreedor y socio comercial de EE.UU.: según el informe la situación de los derechos humanos en China "sigue siendo mala" a raíz de los férreos controles de internet.


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