Todo indica que el intendente municipal, Eduardo Quiri, hará uso del veto en el caso de una normativa recientemente tratada por el concejo deliberante local -impulsada desde la oposición- la cual propone la creación de un registro de oposición vecinal para decidir la instalación de boliches, pubs o bailables, en áreas residenciales.

Desde el Ejecutivo no se consideraría viable esa propuesta, toda vez que remitiría a una situación de clara inconstitucionalidad y podría generar un eventual diluvio de amparos contra el gobierno local.

Quiri analizaba esta situación ayer por la mañana, reunido en su despacho con los concejales del peronismo, y podría conocerse su decisión final en las próximas horas.

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Pero lo cierto es que más allá de esta coyuntura es llamativo que no se haya avanzado en dos cuestiones muy delicadas y que están vinculadas. Una de ellas es la que hemos referido, en tanto, como se sabe, hay una ordenanza que prorroga la instalación de confiterías por sesenta días, cuya vigencia ya se debería estar cumpliendo.

Y la otra es la referida a la prórroga de instalación de grandes superficies comerciales marco en el que, pese a todo, se ha concretado algún emprendimiento de ese tipo, aprovechando los vericuetos legales que dimanan netamente de la incapacidad del cuerpo deliberativo de diseñar herramientas de gestión superadoras.

SUPERMERCADOS

Si bien aún prosiguen las discusiones al respecto de la problemática en la comisión deliberativa de Presupuesto y Hacienda del concejo deliberante local, el tiempo de gracia proporcionado por la prórroga que impide la habilitación de nuevas bocas de expendio de gran magnitud en este distrito se está terminando, y aún no hay novedades en cuanto a la normatización que regule estas instalaciones.

Y mientras tanto, entre el vacío legal y la trampa de la letra chica, las autoridades locales quedan propiamente como el mono paradigmático sobre el poste, dado que la norma que impide nuevas habilitaciones ofrece singulares huecos que, lejos de tabicarlas, inclusive hasta las facilita.

Lo que sucede es lo siguiente. Al dispararse la voz de alerta de los pequeños y medianos comerciantes locales, a través de la entidad gremial que los agrupa, en este caso la Cámara de Industria y Comercio local, y fundamentalmente a partir del avance en este distrito de radicaciones con capitales foráneos, se había sancionado una ordenanza que prohibía toda nueva instalación comercial, hasta que se contase con una normativa adecuada.

Obviamente, no tardó en hacerse sentir la protesta de los nuevos pequeños y medianos comerciantes que deseaban ingresar al mercado local, muchos de ellos con inversiones en marcha, puesto que la medida les impedía habilitar sus emprendimientos.

Por ende, se resolvió introducir una modificación en la prohibición, quedando prohibidas aquellas nuevas instalaciones comerciales que superen los 270 metros cuadrados de superficie.

Pero esta modificación no hizo más que abrir un profundo hueco legal: si esto implica que se considera gran superficie comercial a aquella cuyo salón de exhibición y ventas supere esa medida, basta con achicar ese espacio para quedar perfectamente habilitado.

Más aún: al quedar encuadrados así, quienes realicen esas instalaciones además ni siquiera deberán molestarse en contar con playa de estacionamiento, o espacio para carga y/o descarga.

Por ende, queda claro entonces cómo es factible que en estos días se estén montando nuevos supermercados.