RIO GRANDE.- Miriam Boyadjian destacó el trabajo llevado a cabo con Mauricio Oyarzo, donde surgió el proyecto del «boleto social», oportunidad en que atendieron numerosas consultas de vecinos que se acercaron al Concejo.

El proyecto insta al Ejecutivo Municipal a refrendar un convenio con la prestataria del servicio de transporte público, a fin de establecer un boleto de carácter social para personas de bajos recursos, fijándolo en un valor simbólico de $0,50.

Una vez aprobado el proyecto, Boyadjian expresó que «estamos muy contentos porque trabajamos en un proyecto de boleto social que significa atender el requerimiento de las personas más postergadas y vecinos que deben llegar al centro de los barrios alejados y los asentamientos; que hoy el Municipio contribuya en colaborar con estas situaciones difíciles con un boleto subsidiado», dijo, destacando que «el boleto forma parte de una política de inclusión social», en la que destacó el rol activo que mantiene hoy el Municipio en torno a estas problemáticas.

«Hoy el Municipio tiene una participación más directa en cuestiones sociales y viene bien contemplar esos casos, para lo cual se debe instruir un relevamiento socio económico desde Asuntos Sociales, tomando como parámetros aquellos grupos familiares que están por debajo del mínimo vital y móvil, siempre bajo la ordenanza 2172/06 que prevé requisitos a cumplimentar para que un caso sea considerado social», explicó.

A partir de la detección de los casos, «que no son muchos los que se encuadran», dijo Boyadjian, «el Municipio y el permisionario del servicio deben garantizar, en un marco de acción mutua, compartir esfuerzos, entendiendo que la empresa tiene subsidios, entonces que intervenga con un esfuerzo empresarial desde el punto de vista de la responsabilidad social empresaria y con un aporte del Municipio, obviamente», destacó la edil.

En cuanto al valor, «los cincuenta centavos son como pago simbólico, dejando en claro que no es una dádiva, sino contribuir a una situación social en pos de mejorarla, que se implemente como una política social inclusiva pero con proyección en colaborar en la inserción social para que la familia asistida pueda salir adelante de esa situación», expresó finalmente la autora del proyecto.