Los concejales Marcos Cuelle, Cecilia Roigé, Guillermo Di Liscia y Félix Villatoro, junto a Mariano Salomón, que conforma el bloque unipersonal de la Unión Cívica radical (UCR), presentaron el resultado de la pericia realizada por la Justicia, ante la presentación efectuada por el bloque cuando se aprobó el último aumento del boleto de colectivo.

Inicialmente, Cuelle hizo un repaso de las situaciones que derivaron en aquella presentación judicial. Indicó que "tiempo atrás se le solicitó al intendente que reviera la resolución en la que fijó el precio del boleto de colectivo en 2,50 pesos y luego se insistió con los concejales del oficialismo y entre todos se reclamó que se reviera el valor instaurado por el intendente; pasado un tiempo prudencial, más allá de las excusas que se pusieron para justificar aquel valor, la oposición tuvo que recurrir a la justicia para que determinara alguien imparcial el valor del boleto", aseguró.

Luego de hacer la denuncia penal, el concejal explicó que fueron admitidos como querellantes en la causa y que ahora fueron notificados del resultado de la pericia. Los peritos contadores oficiales Ana María Kin y Silvio Alejandro Álvarez ratificaron los dichos del Frepam y estipularon que el precio correcto debería ser de $ 2,25.

Cuelle aseguró que "le están sacando el dinero a los que menos tienen: los 25 centavos de más que se pagan a lo largo del año representan un millón y medio de pesos, que no se sabe quién se los está quedando". Agregó que ahora el objetivo es "exigirle al intendente que corrija el valor de la tarifa porque es su exclusiva responsabilidad volver a fijar el valor y a su vez, que compense a los usuarios por el dinero que les han cobrado de más estos cinco meses".

Ese excedente, informaron, generó un monto de alrededor de 650.000 pesos y se espera "que se subsidie o se busque la forma de devolverle a los vecinos lo que le han sacado indebidamente".

Ante la posibilidad de que el intendente no rectifique este valor, se indicó que "la denuncia penal está hecha y la justicia seguirá su curso".

"Ya, a todas luces, se le pidió a un tercero que arbitrara sin pertenecer a ningún sector político, que definiera el valor del pasaje y ellos hicieron el mismo cálculo que hizo el contador (y secretario de Hacienda, Miguel) De Elorriaga, que hizo (el secretario de Obras Públicas, Javier) Schlegel; (el anterior secretario de Protección Ambiental y Servicios Públicos, Daniel) Filippa y que efectuó la oposición y que termina dando que el valor que más se aproxima al determinado por la Justicia, es el nuestro", indicó Cuelle.

Calidad.

Otro reclamo que planteó el concejal radical Salomón, y que Roigé y Villatoro apoyaron, fue "la falta de compromiso de los representantes del grupo Plaza y el oficialismo para acercarse a explicar las deficiencias en la calidad del servicio de transporte público de pasajeros".

"Hace tiempo que queremos hablar de la calidad del servicio y el justicialismo nos ha negado sistemáticamente dialogar sobre esta cuestión; lo único que les interesa es que el grupo Plaza venga a concluir el trámite del subsidio. Desde abril que se aumentó hasta el día de hoy, no ha habido un subsidio por parte de la municipalidad y no se explica por qué el proyecto entró por parte del Ejecutivo y quedó en la Comisión de Hacienda", explicó el radical.

Resaltó que la invitación a los representantes de la empresa prestadora del servicio para que concurran a la comisión es "para que vengan a explicar cómo terminamos el trámite del subsidio y no para discutir la calidad". Roigé respaldó estas declaraciones afirmando que "ahora vienen a reclamar por estos 70.000 pesos que ellos aducen que el municipio les debe en calidad de subsidio por el boleto escolar, de personas con discapacidad y ex combatientes de Malvinas", recalcó.

Informes.

Por su parte, el ex presidente del CD, Guillermo Di Liscia, hizo hincapié en la falta de informes sobre las faltas y multas labradas al grupo Plaza y la irregularidad en el cobro del actual boleto de colectivo.

Sobre el primer punto, recordó que "el 27 de agosto estuvieron los funcionarios encargados de controlar a la empresa en este mismo recinto y en aquella ocasión, se les pidió que hicieran llegar un informe por escrito de las faltas y las multas labradas a la empresa, que todavía no llegó. No sabemos si estamos en presencia de una lentitud administrativa o un ocultamiento de información".

"No eran 3,10; ni 3,04 y tampoco los 2,62 pesos como calculó De Elorriaga; ni siquiera los 2,50 pesos que se está cobrando. La justicia dice que el precio es 2,25 pesos como decíamos nosotros; los peritos como profesionales independientes han realizado el cálculo y llegaron a esa conclusión. La información es muy fuerte y creo que es el centro del debate; después se estará corriendo el proceso penal para ver si esta irregularidad en el cobro constituye un delito penal o no", finalizó.