Estalló, como cabía esperar. Semanas atrás y desde esta columna se afirmaba que el Deliberante de San Martín había "huido" por un campo minado, cuando en julio y por mayoría, adjudicó el transporte urbano de pasajeros con reglas nuevas pero con la misma tarifa que ya llevaba dilatado atraso. Luego terminaría por aprobar un boletazo del 56 por ciento.
No debe sorprender, entonces, que las organizaciones sociales hayan acudido a la justicia para que investigue lo que creen es "un atropello abusivo y de mala fe".
Pero sin perjuicio de lo que halle la Fiscalía, la denuncia es un tanto vaga. No parece que hubiere habido falta de transparencia en la licitación y adjudicación, precedidas de audiencia pública y control del Deliberante.
Más bien se adivina impericia política antes que un "negociado", como pretenden algunos.
Los números fueron chequeados en doble vuelta (por la empresa y los asesores del Deliberante), y el resultado es el mismo: la nueva concesionaria, con la tarifa de hoy -que se actualizará en tres tramos desde la semana que viene- pierde unos 300.000 pesos por mes.
Ni siquiera puede decirse del todo que los ediles se equivocaron al no ajustar antes. Si ese proceso se hubiere cumplido a tiempo, el resultado (costo final del boleto a marzo de 2012) sería similar, sólo que con más soportables actualizaciones a lo largo de un año y medio en vez de un sogazo a distribuir en tres meses.
Lo reprochable es lo que el municipio no hizo: aprovechar ese año y medio que llevó armar los pliegos, licitar y adjudicar, para explorar también la opción de un subsidio al boleto.
En diez años de la penosa concesión anterior nunca se consideró el subsidio, porque las desprolijidades eran mutuas. El servicio era pésimo y la comuna miraba para otro lado, porque tampoco le aprobaba a la empresa el valor del boleto que correspondía a sus costos. Las unidades se venían abajo y la regularidad de horarios eran un chiste, pero el boleto era más o menos accesible sin que el municipio pusiese una moneda. El vecino paga aquí un boleto que lleva implícito el subsidio nacional al transporte pero no un aporte municipal, como sí ocurre en otras muchas localidades del país.
Justo ahora que el gobierno nacional (con cierta timidez) comienza a despegarse de los subsidios, la administración municipal por venir -también kirchnerista- se verá compelida a estudiar el asunto.
Pero ocurre que el gobierno federal subsidia una pléyade de servicios y rubros de la economía, mientras que el local no pone plata en nada. En todo caso prodiga ayudas sociales específicas, que no es lo mismo.
El caso es que los tiempos por delante serán de estrechez, si se asume la actual caída de la recaudación por los efectos en la economía turística del volcán cordón Caulle. Eso achicará el margen de maniobra del próximo intendente, que estará obligado a aguzar el ingenio...
A propósito, va una idea en tono de pregunta. En algún momento no demasiado lejano, es de presumir que el casco histórico termine con estacionamiento medido, conforme siga aumentando el parque automotor, que hoy raya los 11.000 vehículos patentados en una ciudad de 30.000 habitantes, en la que a diario se mueven millares de autos de más de una tonelada apenas para transportar a una persona en cada uno. ¿No sería razonable apurar el paso y destinar el producido del estacionamiento medido a subsidiar al menos en parte el boleto urbano?
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