Las boletas que llegaron a los domicilios de los usuarios santarroseños (con consumos anuales superiores a 1.500 metros cúbicos) son las más baratas de todo el año. En estos períodos llega el consumo de los meses de diciembre y enero. La factura que da origen a esta nota (un domicilio de Villa Amalia) va del 21 de noviembre de 2011 al 21 de enero de 2012.

Tiene un consumo de 57 metros cúbicos, con un costo de 12,57 pesos por lo efectivamente consumido. Pero al aplicar el cargo de “Consumo Gas Importado” se carga la factura con 233 pesos. Esto eleva el total de la facturación a 268 pesos. Como sigue vigente el subsidio de 166 pesos, en este caso con referencia a Subsidio 01/06, el usuario debe pagar 102 pesos.

En una factura similar de 45 metros cúbicos (de abril de 2011) ese usuario pagó 24 pesos, sin la aplicación de subsidio alguno.

gas

La aplicación del cargo de “gas importado” está cuestionada por el defensor del Pueblo de la Nación.

Los usuarios pueden reclamar la devolución en las ventanillas de las oficinas comerciales de Camuzzi. El cargo por gas de importación se agrega a los consumos “pico” de gas del año. A su vez, las boletas no informan cuál es el valor factible de descuento y por ese motivo el usuario debe concurrir a la sucursal correspondiente de Camuzzi.

El impedimento a la facturación se debe a un fallo judicial dictaminado sobre una medida cautelar. La misma permite solicitar que no se cobre el cargo y Camuzzi Gas Pampeana acepta el pago de la factura como si fuera parcial.

Si en el fallo definitivo se decide que el decreto 2.067 es constitucional el usuario tendrá que pagar todo lo que no pagó. El decreto se aplica a los usuarios de las categorías R3.3 y R3.4, es decir, a los residenciales de mayor consumo: más de 1.500 metros cúbicos al año y más de 1.800 metros cúbicos al año, respectivamente.

No hay que pagar la factura en los bancos sino que se debe concurrir a las oficinas de Camuzzi Gas Pampeana y pagar solamente el consumo domiciliario ya que el cargo por gas importado está judicializado porque el defensor del Pueblo de la Nación se presentó contra este decreto, firmado por la presidenta Cristina Fernández en 2008.