Quienes quieran construir en la zona y destinen una parte a actividades artísticas gozarán de inéditas ventajas impositivas en toda la Ciudad. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no prevé estímulos para artistas sin empresa ni la protección del patrimonio.
La propuesta es ambigua. Nadie quiere oponerse al desarrollo del barrio ni mucho menos a la actividad cultural que lo caracteriza pero en el texto original del proyecto, que no pasó por el Ministerio de Cultura, las cosas no están del todo claras. Sólo hay que ver el capítulo 3, donde la producción artística tiene la misma jerarquía que la comercialización de arte y la venta de insumos y servicios relacionados, sin duda un espectro muy amplio en el que podría caber casi cualquier actividad comercial. Como si no existiera arte más allá del mercado, para acreditarse como artista, los interesados deberán definir su actividad por la "facturación, superficie ocupada, la cantidad de empleados y masa salarial".
Entre los beneficios concretos para las creadores se encuentra estar eximidos del impuesto por Alumbrado, Barrido y Limpieza, que por más alto que hoy se encuentre no llega a ser significativo, además de una supuesta línea de crédito en el Banco Ciudad, que sin mayores precisiones parece más una manifestación de deseo, y las ya existentes ventajas de la Ley de Mecenazgo que en sus dos años de vigencia ha resultado prácticamente imposible de poner en práctica para los artistas independientes. Entonces, los beneficios no están muy claros, a menos que el artista tenga una empresa constructora o una estructura empresarial que le permita afrontar grandes inversiones.
Quienes quieran construir en La Boca y destinen una parte de este emprendimiento a actividades artísticas sí que las tienen buenas. Para empezar, podrán devengar de sus impuestos brutos el 25 por ciento de lo que inviertan en la construcción, refacción o alquiler de un inmueble. No sólo de las actividades artísticas sino de todas las actividades que realicen en toda la ciudad, y si el monto supera los impuestos anuales, el resto se computará como crédito para los cinco años subsiguientes. Tampoco pagarán ninguno de los otros impuestos municipales como el derecho de delineación de construcciones, sello, impuesto a la publicidad y el mencionado ABL.
Para quien no cuente con esta estructura en la ley no se prevén ventajas equiparativas, es decir, lo mismo para un pobre muerto de hambre que para un empresario bien alimentado. De esta manera, el polígono delimitado por las calles Regimiento de Patricios, Pi y Margall, Piedras, Martín García, Tacuarí, San Juan, Huergo, Elvira Rawson de Dellepiane, el frente de la Dársena Sud y la ribera del Riachuelo, se convierte prácticamente en una arena romana donde la bohemia del arrabal se enfrenta desnuda ante las colosales empresas culturales, multinacionales incluidas.
No hay que ser ingeniero para darse cuenta de que bajar en un 25 por ciento el costo de la construcción traerá aparejada la célebre gentrificación, ese fenómeno social de corte inmobiliario en el que los habitantes históricos de un barrio son corridos hacia la periferia por personas y empresas de mayor poder adquisitivo. Lo que se vivió en Palermo Viejo y en alguna medida en San Telmo.
Aún así, alguien con la mente fría podría contemplar esta medida expulsiva y de alto costo social, si es que trajera aparejada un impulso significativo a la actividad artística. La pregunta sería entonces, ¿sirve como política cultural?
El proyecto no establece ningún filtro para quienes quieran ingresar. Da lo mismo una murga callejera que una cadena de librerías, una cooperativa de teatro independiente que un complejo de restaurantes con pista de tango for export. Desde la oposición se propuso la creación de un Consejo Asesor que determine qué propuestas son interesantes y cuáles no, para lo que debería ser un proyecto cultural de la Ciudad. El órgano debería estar integrado no solo por representantes del Gobierno y la Legislatura sino también representantes comunales y artistas de trayectoria, que definan un criterio, un rumbo a seguir. Hasta ahora la propuesta no se incluyó en el borrador.
También se sugirió que un pequeño porcentaje de esta gran porción de la torta que gentilmente se está cediendo a los constructores, se derive para la creación de un fondo de fortalecimiento de las instituciones culturales públicas que bien desfinanciadas están. Para ejemplo sirven los casos del Mamba con su obra paralizada y sus serias deficiencias estructurales, o el abandono en que se encuentran el Teatro de la Ribera y el Museo Benito Quinquela Martín que ni siquiera fue incluido en los fundamentos del proyecto de ley donde sí figura la fundación Proa, de la firma Techint.
Finalmente, se pone bajo estudio la situación del valiosísimo patrimonio arquitectónico de esa barriada que podría ser barrido de un plumazo sin la necesaria protección. Vale recordar el caso de la casa de Juan de Dios Filiberto, creador de Caminito, cuya expropiación fue votada por todo el cuerpo de la Legislatura para que se convierta en un centro cultural, pero que finalmente fue vetada por el Ejecutivo a fines del año pasado. Basta ese botón, para sospechar de las buenas intenciones de este Gobierno a la hora de promover la riqueza cultural de este rincón de la ciudad.
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