El presidente del bloque justicialista, Ricardo Sánchez, expresó que “atento a la repercusión negativa de la ley era lógico el veto del gobernador y nosotros, como bloque oficialista, vamos a acompañarlo en su decisión. No obstante creemos que hay mucha tela para cortar todavía y estamos convencidos de que si queremos ir a un concurso que la ley no establecía, debemos fijar por ley alguno de antecedentes y oposición pero para toda la estructura, incluyendo defensor y defensor adjunto”.

“Nosotros decidimos por el buen criterio de la Cámara, pero no tuvo buena repercusión. Creo que el gobernador fue prudente por la repercusión negativa y vamos a acompañar el veto, más allá de lo que votamos en un principio, pero creemos que debemos dar un paso adelante y hacer un concurso completo, del primero al último, y que Corregido vaya a concurso”.

Peche se desentiende

Por su parte, el titular del bloque aliancista, Carim Peche, tiró la pelota para el campo del justicialismo ya que “el veto del gobernador es un derecho constitucional”, pero dejó en claro que “desde el bloque radical hemos trabajado bien con el doctor (Daniel) Illia, que es el defensor adjunto; así que es una cuestión entre Corregido y el bloque justicialista, no es un tema que nos incumbe”.

“Es lo que corresponde”

El diputado del Frente Grande, Fabricio Bolatti, señaló que recibió bien la decisión del gobernador porque “es lo que corresponde”. Recordó que fue el mandatario provincial quien promovió que se ponga en marcha el Instituto del Defensor del Pueblo y que ningún gobernador lo había hecho, más allá de que estaba en la Constitución desde 1994.

“Los fundamentos de impulsar la Defensoría fueron para mejorar la calidad institucional de la provincia. En coherencia con eso era esperado un veto que corrija el error de crear una estructura que corresponde hacerlo por concurso de antecedentes y oposición”.

El legislador dijo que “esperábamos que tenga esta decisión y que vete parcialmente la ley aprobando la estructura, pero no la nominación de cargos para que éstos se concursen y puedan garantizar la independencia y solvencia técnica necesarias para atender a la ciudadanía”.

Ante la intención del oficialismo de concursar a los defensores, recordó que habían planteado un mecanismo, pero que la ley no habla de eso, sino que debía ser apoyado por los dos tercios.