Mediante un proyecto de comunicación, la bancada opositora remarcó que, con la sanción de la Ley, los agentes públicos sufren “una sensación de incertidumbre respecto a su estabilidad laboral, que merece ser atendida por los Organismos que la Constitución ha creado para su defensa. Por tal norma se han pasado a “disponibilidad” a unos veinte mil agentes públicos, sin contar a los empleados municipales de aquellos municipios en los que se adhiera a tal norma. En esta misma situación, se encuentran los agentes que se vinculan al Estado por relaciones contractuales, sin integrar la planta permanente de personal, pero que prestan servicios de manera regular, ininterrumpida y eficiente en el Estado desde hace muchos años, en general ocupando puestos que revisten carácter de permanentes, y se los denominados “contratados”.

Indicó que “en peor situación, están quienes ya han sido cesados en sus funciones, por la no renovación de sus respectivos contratos, o por la rescisión de los mismos antes de su finalización, sin fundamento en justas causas, ni otra razón que no sea la de reducir el gasto público a costa de la planta de personal, prescindiendo de un análisis adecuado de cada situación en particular; como ejemplo de este apresuramiento irracional, baste citar los despidos en el área de salud, que inmediatamente debieron ser revocados por el propio empleador (el Estado), al advertir que no sólo se lesionaba injustamente al trabajador cesado, sino también, se resentían servicios esenciales en la prestación del servicio en la salud rionegrina, es decir, … para muestra basta un botón”.

“Ante tal situación, que pone en estado de sospecha a muchos agentes estatales (la mitad prácticamente), llenándolos de incertidumbre y afectando su dignidad como trabajadores, se hace necesario poner en marcha los mecanismos constitucionales que el propio Estado posee, para garantizar el respeto por la Constitución y la defensa de los derechos y garantías por ella consagrados, de tal modo de asegurar su necesaria vigencia”.

Asimismo, expresó que “no podrá el Estado, a través de la invocación de emergencia económico-financiera, socavar ese legítimo y constitucional derecho que asiste al trabajador rionegrino de mantener su fuente laboral, ni tan siquiera poner en análisis su legítima estabilidad, ya que esta sola conducta, a la par de ser ilegítima, y de tomar como única variable de ajuste al agente público, genera un estado de incertidumbre innecesario, que a la vez repercute en estados de ánimo negativos, en conflictos en el área de trabajo, en angustias personales y familiares, y todo ello, sumado a la enorme cantidad de agentes públicos que prestan sus servicios y que han sido puestos en tela de juicio, genera un estado de crisis social por la negativa expectativa que ha causado”.

La bancada de la Alianza manifestó que la norma que dispone la prescindibilidad de los agentes públicos es, a todas luces, inconstitucional.

Finalmente, requirió “la urgente intervención del Defensor del Pueblo de la Provincia de Río Negro, para que en cumplimiento de la función que Constitucionalmente tiene encomendada, y a la que no puede rehuir ni desconocer, accione ante los organismos y/o poderes correspondientes, en defensa de derechos y garantías individuales y colectivos”. (Bloque Alianza Concertación)