El argumento ya no es la falta de presupuesto sino las internas entre los oferentes privados (Iecsa, Cartellone y Pescarmona) quienes apuestan a todo o nada por quedarse con la construcción de una obra que asegurará el 30 por ciento de la matriz energética de la provincia.

Este último obstáculo requirió la del propio gobernador, Francisco Pérez, quien viajó a Buenos Aires la semana pasada para pedir a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que no deje caer el proceso porque, de lo contrario, "será una obra perdida".

Con algunos actores que se repiten y el estigma de la historia circular, Los Blancos aparecen en los planes de la provincia en 1968 cuando el ex presidente de facto Juan Carlos Onganía anunció la factibilidad del emprendimiento sobre la cuenca del río Tunuyán.

Alentado por los resultados de un plan económico sostenido por la fuerte devaluación y el congelamiento de salarios por dos años, el gobierno militar apostó a las inversiones en obra pública, entre ellas al inicio de la central atómica de Atucha, la estación terrena de Balcarce y la habilitación técnico ambiental de la central mendocina.

Desde entonces, el camino para la ejecución final de la presa se ha tornado interminable y la obra lleva casi medio siglo esperando por su ejecución.

Estudios, redacción de proyectos y decisiones políticas han retrasado el megaemprendimiento desde que en 1984 el gobernador mendocino Santiago Llaver anunciara formalmente el inicio de Los Blancos y programara su fin en 1995.

Sin embargo, fue el ex presidente Carlos Menem quien abrió el juego a los privados cuando el entonces secretario de Servicios Públicos de la Nación, el mendocino Dromi, decidió que la ejecución de la obra ya no estaría en manos del Estado sino a cargo de las empresas que resultaran adjudicadas.

De esta manera, a partir de los ´90, todas las obras hidroeléctricas del país pasaron a manos de los privados que, por falta de financiamiento, nunca avanzaron.

Veintidós años después de aquella decisión del menemismo, Cristina Fernández reimpulsó la obra en la agenda nacional al firmar el convenio para el llamado a manifestación de interés a empresas, grupos empresarios o a uniones transitorias para la construcción, mantenimiento y operación del emprendimiento hidroeléctrico, por el sistema de concesión de obra pública.

A mediados de 2011, Celso Jaque abrió los sobres con las ofertas económicas. Ese acto significó el inicio de otro frente de batalla que esperó a la consagración de Pérez como gobernador y que deberá sortear la obra para que alguna vez se materialice.

Tres grandes grupos nacionales asociados a capitales brasileños (Iecsa, Cartellone y Pescarmona) vienen pujando en silencio por quedarse con la mayor central hidroeléctrica de la provincia. Hace sólo dos semanas, el lobby empresarial hizo estallar la situación a tal punto que fue el mismo ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien se comunicó con Pérez para adelantarle que "la licitación estaba por caerse".

Poco a poco, uno de los temas de la campaña del actual gobernador parecía venirse abajo por las permanentes presentaciones legales y acusaciones entre los interesados en la construcción de la presa. Sólo Industrias Metalúrgicas Pescarmona, quien planteó la propuesta más cara ($ 5.599 millones), parece haber quedado al margen de la puja empresarial pidiendo sólo el control de las turbinas y apostando a Portezuelo del Viento ya que, según expusieron al Gobernador, "el costo de la energía de Los Blancos es infinitamente superior al de Portezuelo".

Así, el campo quedó dividido en dos frentes: la brasileña Iecsa, que cotizó la megaobra en $ 4.685 millones, y la de José Cartellone-Constructora Oas que pide $ 5.431 millones.

La oferta de Iecsa, casi mil millones menos que la segunda, enfureció a Cartellone, quien presentó observaciones de tipo administrativo ante el Ministerio de Planificación por ser un monto insuficiente para construir la represa y porque no presentaba sustento financiero más que un interés sin certificación del Credit Suisse de colocar un bono para respaldar la obra.

El pool de empresas que integra Iecsa, propiedad del sobrino de Franco Macri, Angelo Calcaterra y de los italianos Ghella, involucra a otros asociados cercanos al kirchnerismo como: al patagónico constructor Lázaro Báez y al actual titular de la Cámara de Construcción y presidente de Ceosa, Fernando Porretta.

El otro contrincante, Cartellone, está asociado a otro mendocino de fuerte llegada a Julio De Vido, el empresario sanrafaelino, Omar Álvarez, quien ha sido uno de los mayores lobbistas contra Iecsa y quien, aseguran, viajó el día de la reunión de Pérez con la Presidenta para exponer contra la "devaluada" oferta de la UTE de Macri y asociados.

La puja empresarial hizo trascender la voluntad del Ejecutivo nacional de declarar desierta la licitación. Incluso, y pese a la desmentida del Gobierno provincial, el PJ daba por caída la licitación. El miércoles, Pérez viajó de urgencia para tratar el asunto y pedir explícitamente a Cristina Fernández que continuara el proceso.

"El Gobernador se posicionó por encima de los intereses empresariales y pidió a la Presidenta la misma actitud", explicaron en Casa de Gobierno. El problema, ahora, es que desde el Ejecutivo "no saben cómo conformar a todas las partes".

El temor de De Vido y de la mandataria nacional es que la licitación termine en litigio judicial por las acusaciones cruzadas y se entorpezca mucho más el porvenir del emprendimiento hidroeléctrico. "Se seleccionará a la empresa más adecuada", especificó a su regreso Pérez, quien además aseguró la continuidad de la obra. Mientras tanto, el Gobierno provincial espera la resolución de la comisión evaluadora del Congreso nacional que trabaja sobre las tres propuestas.

"El planteo de Cartellone es justo. Mil millones de pesos menos es mucho y es algo que hace ruido en los diferentes sectores", retrucaron desde el círculo íntimo de Pérez. No obstante, el hermetismo ya hace sospechar a la oposición que "algo no está bien" por lo que se espera que esta semana se formalicen pedidos de explicación a Pérez sobre cómo resolverá la situación de la "eterna" hidroeléctrica.