"El slogan de esta protesta es que vamos a terminar pagando los impuestos con potreros porque ya no hay forma de pagarlos con la producción", manifestó Biolcati.

El dirigente calificó de "desmedidos" los aumentos en la alícuota del impuesto inmobiliario rural y en la valuación fiscal de los campos, y alegó que la protesta lanzada por entidades agropecuarias es para "hacer sentir a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que están apretando más allá de lo que puede resistir el productor".

En diálogo con radio El Mundo, Biolcati reiteró que la medida de fuerza "no va a afectar en absoluto al público porque son sólo dos días hábiles de comercialización".

Según explicó, en el paquete impositivo bonaerense "suben dos cosas: la alícuota que se le aplica al campo, y además la valuación del campo que en algunos casos sube 500, 600, 700 por ciento, cuando ya había subido hace pocos meses".

Biolcati dijo que doble presión impositiva provoca "una pinza" con subas finales que oscilan, según los casos, entre 400 y 1.000 por ciento. "Gravar (la tierra)de esa manera desconsiderada hace casi imposible continuar produciendo en forma rentable", aseveró.

Según su visión, "lamentablemente se está dando una situación que se va generalizando en las distintas provincias, producto de un sistema de coparticipación que ha ido deteriorando este gobierno en los últimos años que coloca a las provincias en situación de dependencia de remesas que le envía el poder central discrecionalmente". "Cuando falta dinero, como aparentemente estaría faltando en este momento, las provincias recurren a apretar el cuello a su sector productivo", remarcó.

Asimismo, aseguró que entre el gobierno nacional y el campo "hay una relación trunca completamente hace mucho tiempo".

En este sentido, comentó que con la asunción del actual ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, en el sector daba "la impresión de que podía haber algo que cambiara".

"Yauhar empezó a trabajar con el tema de la sequía muy bien" elogió Biolcati, pero lamentó que "de repente" la presidenta Cristina Fernández el 1 de marzo último del período legislativo "minimizó los efectos de la sequía y volvió a colocar al campo en su relato como un aprovechador de los bienes de la población".

"A partir de allí todo se paralizó. Se paralizó todo trabajo, toda relación, no hubo ningún tipo de actuación más con respecto a la sequía", enfatizó, y acotó que "el gobierno mira para otro lado, y cuando mira, ridiculiza y minimiza la situación".