En diálogo con El Litoral, luego de la reunión que mantuvieron los ministros de la Corte con el gobernador Hermes Binner y el ministro de Justicia, Héctor Superti, Gutiérrez confirmó que a fines de julio o principios de agosto se licitará la primera etapa de las obras en Tribunales, que consistirán en la estructura de hormigón armado para el sector correspondiente al fuero penal, en la zona delimitada por las calles 3 de Febrero y 9 de Julio. La licitación se realizará en base a la reformulación del proyecto original que ganó el concurso convocado por la Corte, pensado todavía para el proceso escrito, y ahora adaptado a las necesidades de las salas de audiencia para el trámite oral.

“Se va a trabajar en esa mitad de manzana, que ya está expropiada, para después seguir con el edificio para todos los fueros, que es el proyecto integral”, sostuvo Gutiérrez.

En la reunión participaron también los ministros de la Corte Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, así como el secretario de Gobierno del máximo tribunal, Eduardo Bordas.

En el encuentro, Superti reiteró su solicitud de que la Corte resuelva a la brevedad el pedido de acceso por parte de la Secretaría de Derechos Humanos a los archivos que puedan contener información sobre personas desaparecidas durante la última dictadura.

Por otra parte, se conformará un equipo técnico de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial para realizar gestiones ante el gobierno nacional y el Banco Mundial, organismo al que se le habían solicitado créditos para la informatización, con el fin de obtener el financiamiento necesario que permita completar este proceso.

Con respecto a la informatización del proceso penal, se desarrollarán los sistemas necesarios adaptados al nuevo procedimiento acusatorio, oral y público- a través de una actividad conjunta de ambos poderes, que sumará también a las autoridades del flamante Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de Defensa Penal, intentando incluir esa tarea dentro del contrato vigente con la empresa Indra.

En la reunión se abordó además cómo avanzar en la implementación progresiva de la justicia comunitaria de pequeñas causas, creando paulatinamente nuevos juzgados allí donde no existen, fundamentalmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Como corolario de la reunión, se destacó que amén del trabajo que realicen los equipos técnicos, habrá nuevos encuentros entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para monitorear el avance en los distintos temas abordados.

“El gobernador sostuvo la necesidad de mantener estos encuentros de manera periódica y sostener el trabajo en conjunto”, resumió Gutiérrez a El Litoral.

Superti, sobre Bassó

El ministro de Justicia, Héctor Superti, opinó sobre la nueva presentación que realizó el procurador de la Corte, Agustín Bassó, contra la ley del Ministerio Público de la Acusación, en oportunidad del llamado a concurso para los cargos de fiscales y defensores del nuevo sistema penal.

“Se cumplen los pronósticos que uno viene sistemáticamente efectuando en el sentido de que la resistencia de un sector corporativo, aquel que se ve directamente afectado en cuanto a la concentración de poder por esta reforma, va a seguir apareciendo. Y además se da, en este sentido, una relación directa entre la aparición de estos fenómenos de resistencia con los avances. Quiere decir que cuando estas cuestiones aparecen, yo personalmente me siento complacido porque significa que estamos avanzando. Es una suerte de marcador: si aparecen problemas es porque hemos dado algún paso importante, y yo creo que el concurso que estamos llevando adelante es un paso importante”, manifestó.

Consultado por El Litoral, el ministro garantizó, de todos modos, que los concursos van a seguir adelante. “Si hipotéticamente tendríamos que demorarlos un poco, y bueno, es parte de un proceso de cambio muy profundo donde en definitiva lo que vale es lograr el objetivo, más allá de que esté un día antes o un día después”, concluyó.

/// ANÁLISIS

Hay “caso”

Emerio Agretti

La presentación realizada por el procurador General Agustín Bassó retoma los argumentos sobre la inconstitucionalidad de las leyes 13.004, 13.013, 13.014 y 13.018 -que establecen los órganos ocupados de la acusación y la defensa en los juicios orales, y la normativa de transición- ya que invaden competencias de la Corte (sobre todo en materia de disposición presupuestaria y de superintendencia), vacían la Procuración y vulneran la garantía de inamovilidad de los miembros del Poder Judicial (por la caducidad de los mandatos de los fiscales y defensores generales).

En agosto del año pasado, la Corte rechazó la presentación de Bassó, pero en fallo dividido. Gutiérrez y Spuler la aceptaron, y Falistocco, Netri, Gastaldi y Erbetta -con distintos matices y el foco en diversas cuestiones- la rechazaron y se pronunciaron por la constitucionalidad de la normativa, pero planteando reservas o reclamando correctivos en algunos aspectos.

De todos modos, el principal argumento fue formal: la ausencia de “caso” concreto, en la medida en que todavía no se habían producido acciones que pudiesen vulnerar derechos y sostener el conflicto. Ahora, con la reforma en plena aplicación, Bassó consideró que el “caso” está configurado e insistió con su planteo. El Tribunal deberá expedirse al respecto, pero recién lo hará después de la feria de julio.