El gobernador santafesino rubricó el pasado 19 de agosto el decreto 1653 -también firmado por el ministro de Seguirdad Alvaro Gaviola - en el cual se resuelve dejar cesante en la Dirección General del Servicio Penitenciario al subprefecto Manuel Alberto Benegas, al Alcaide mayor Oscar Ariel Mansilla, al Alcaide Daniel Ferreira y al SubAlcaide Marcelo Calligaro. También transformó en cesantía el retiro voluntario del subprefecto del Servicio Penitenciario Carlos Ariel Monti, que había solicitado la baja para acogerse a los fines jubilatorios, que se efectivizó por Resolución, en junio de 2007. Aunque este decreto establece al mismo tiempo que la aplicación de la sanción contra Monti no varía su situación y aclara que "las actuaciones se iniciaron por la comisión de faltas administrativas y por hechos investigados en sede penal". Además, el mismo texto de la norma aclara –siempre en relación a Monti – que el dictado de la Resolución que dio por aceptada la renuncia por retiro voluntario, no implica que "esa situación no se modifique en mérito a que el hecho determinante de la solicitud de destitución se produce cuando el imputado se encontraba aún en actividad, y por una causa anterior al hecho del retiro voluntario".

El decreto toma como antecedentes varios argumentos del dictamen elaborado por el Fiscal de Estado Jorge Barraguirre hace un año. El funcionario dio entonces un gran paso para habilitar la cesantía: declaró inadmisible los planteos de apelaciones interpuestos por el subprefecto Alberto Benegas, el Alcaide Daniel Bernardino Ferreira, el Subaicalde Marcelo Calligaro, el Subprefecto Carlos Monti y el Alcaide mayor Oscar Mansilla, todos sindicados como los responsables administrativos (la investigación judicial tuvo otro curso) de la denominada Masacre de Coronda, ocurrida el 11 de abril de 2005. Ese día, y por negligencias de los jefes, los presos del Pabellón 7, estando en el interior del Pabellón 1, y utilizando una barreta de hierro, lograron forzar los candados de las barras de seguridad y acceder al interior de las celdas individuales y los “fueron matando de a uno”, como explicó el ex Jefe del Servicio Penitenciario Fernando Rosúa, tras su paso por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dos días después del sangriento episodio.

El Servicio Penitenciario elaboró un sumario administrativo y en la Resolución 1157/06 solicitó al Poder Ejecutivo la cesantía de los agentes antes mencionados. Contra este acto, los afectados interpusieron un recurso de reconsideración rechazado luego por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. Quien entonces estaba a cargo del área jurídica, Daniel González Bertero aseguró que “en ocasión de ponderar la graduación de la pena para estos empleados, el SP les adjudicó como agravantes sus jerarquías., la antigüedad, la trascendencia de los hechos y la gravedad de las faltas pero que esos agravantes no fueron formulados en oportunidad de sus respectivas declaraciones indagatorias por lo que, según el funcionario, devienen en “improcedentes”, pero concluye diciendo que “a todos los implicados les cabe la responsabilidad administrativa, siendo procedente entonces la sanción de índole depurativa, propiciada por el titular del S.P (...) corresponde acceder a lo solicitado, debiendo aplicar la sanción disciplinaria de destitución en grado de cesantía”.

La Masacre, en la justicia

En noviembre de 2008, el juez Darío Sánchez resolvió la falta de mérito en beneficio de Ferreira, que era jefe del ala norte del penal; de Benegas, que era jefe del correccional y de Marcelo Calligaro, Jefe de Vigilancia. La resolución judicial alcanzó entonces a Humberto Orsi y Márcos López Castro, jefes ayudantes del mismo sector; Evaristo González, jefe de Cuerpo Penitenciario de la Dirección General; Eduardo Leclerc, jefe de Correccional de la Dirección General; Fernando Rosúa, director general del Servicio Penitenciario de la provincia; Walter Rossini, subdirector general; y el suboficial Darío Peralta, coordinador de los pabellones 5, 7, 9 y 11 del Ala Norte.

Sánchez procesó a Oscar Daniel Mansilla, entonces director del Instituto de Detención U1 de Coronda, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". También lo acusó de "homicidio culposo agravado" por los 4 internos fallecidos en el pabellón 1, al igual que al subdirector de entonces, Carlos Monti.