Mientras el gobierno provincial confirmó anoche que avanzará en la renovación automática de las licencias para las salas del juego, con el objetivo de obtener fondos adicionales que le permitan hacer frente al pago de los aguinaldos, legisladores de la oposición pidieron al gobernador Daniel Scioli acompañamiento a un proyecto que apunta a invertir la ecuación de ganancias por la explotación de los bingos a favor del Estado.

La iniciativa es impulsada por los presidentes de los bloques de la Coalición Cívica en Diputados, Walter Martello, y del Senado, Isabel Gainza, y cobró notoriedad luego de que trascendiera el interés que el vicegobernador Gabriel Mariotto mostró en torno a la ley.

Como se informó, Mariotto rechazó el sábado pasado la posibilidad de que la administración Scioli renueve automáticamente las licencias para las salas de bingos, por entre 1 y 15 años, a cambio del pago de un canon adicional en medio de la crisis financiera que sacude a las cuentas bonarenses.

En ese marco, trascendió que desde las oficinas de Mariotto se comunicaron con el despacho del diputado Martello para pedirles detalles sobre la iniciativa. El contacto generó especulaciones sobre la posibilidad de que el vicegobernador provincial decida impulsar su tratamiento en el Senado.

Ayer, en tanto, los legisladores de la CC hicieron llegar el texto de la iniciativa al gobernador Scioli junto con una carta en la que le explican que “debemos aportar soluciones que no perjudiquen el erario público, garanticen la seguridad jurídica y a su vez tengan como norte proteger la salud de miles habitantes de nuestra provincia”.

La propuesta, que lleva la firma del diputado Martello y la senadora Gainza, fija un mínimo del 65% el porcentaje mínimo de premios que abonarán las máquinas tragamonedas, modifica el esquema de ganancias de las empresas, dejando el 70% de las utilidades brutas en manos del Estado y el 30% para las salas de bingo; habilita el cobro de tasas por parte de los municipios y pone en manos del Estado el control del sistema de verificación de las máquinas tragamonedas.

Según consta en los considerandos, “actualmente, de cada cien pesos ($100) derivados del producido del juego, diez pesos ($10) quedan a favor del operador y la entidad de bien público, y sólo cinco pesos ($5) para el Fisco provincial, de los cuales un peso ($1) se destina a educación, veinticinco centavos ($0,25) para los municipios, cincuenta y cinco centavos ($0,55) para rentas generales, pesos uno con veinticinco centavos ($1,25) para programas de empleo, noventa y cinco centavos ($ 0,95) se destinan para asistir a los hipódromos y un peso ($1) para la policía”.