La renovación automática, es decir sin licitación, de los permisos de explotación de los bingos fue dispuesta a través de una resolución firmada por el titular de Loterías y Casinos, Jorge Rodríguez, cuyo contenido no fue dado a conocer.

La operatoria alcanza a 14 salas de juego ubicadas en territorio bonaerense cuyas licencias están próximas a vencer y que ahora serán extendidas por unos 15 años. Para la renovación, la Provincia estableció el pago de un canon extraordinario e inmediato, que alcanzaría los 1.100 millones de pesos, y otro, accesorio y en 60 cuotas, en torno a los 400 millones de pesos.

La medida fue impulsada desde el gobierno bonaerense en el marco de la búsqueda de fondos adicionales con los que hacer frente al pago de los aguinaldos.

Ayer, luego de que se confirmara que la Casa Rosada giraría una nueva asistencia financiera, fuentes del gobierno provincial salieron a confirmar que el proceso seguirá su curso.

AVANZADA K

Eso, en medio de la tensión política que se instaló en torno al tema por la oposición manifestada desde el kirchnerismo provincial, luego de que el vicegobernador Gabriel Mariotto saliera a cuestionar la decisión de extender los permisos de los bingos en forma automática.

En ese marco, el kirchnerismo en la Legislatura bonaerense estudia avanzar en una nueva ley que reemplace el actual régimen de concesiones para bingos en la Provincia. En Diputados, el oficialismo analiza directamente derogar la actual legislación, por considerarla “discrecional” en cuanto a la entrega de licencias y el pago de los canon por parte de las empresas.

En la cámara Baja también estudian otros caminos posibles, como modificar la actual legislación o, directamente, estatizar el juego en la Provincia. Sobre este último punto, hay quienes piensan que no es necesario una ley específica para hacerlo, puesto que el artículo 3º de la Ley 11.018 establece que “el Organismo de Aplicación podrá explotar el juego por sí” o ceder la actividad a terceros.

Los legisladores cuestionan el actual sistema de licencias, que otorga la explotación de las salas de bingos a entidades de Bien Público, quienes a su vez ceden el derecho a grandes empresas.

En cuanto al reparto de la recaudación, las críticas residen en que los municipios de la Provincia sólo reciben el 4 por ciento del total apostado, mientras que el 6% va a parar a un fondo educativo, 3% al Instituto de Loterías y Casinos, 2% al ministerio de Desarrollo Social y 1% a gastos de equipamiento de la Policía Bonaerense.