Pirueta de la Historia: veinticinco años antes, el 22 de abril de 1985, se había celebrado la primera audiencia en el Juicio a las Juntas, que terminó con las condenas a prisión perpetua de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Como Bignone, ellos fueron condenados por masivas y gravísimas violaciones de los derechos humanos.

El juicio a Videla, Massera y demás comandantes golpistas fue impulsado, como una demanda ética y una necesidad de construcción política, por Raúl Alfonsín, un presidente que con el correr del tiempo alcanzó el merecido pedestal de héroe de la democracia recuperada.

El juicio a Bignone, como a otros muchos represores, tomó nuevo impulso por las decisiones adoptadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes tuvieron la visión y la decisión de propiciar el único cierre posible para la tragedia de los años de plomo.

Entre el juzgamiento y condena del primero al último de los dictadores militares, los argentinos fuimos y vinimos. Atropellados por la realidad adversa o aguijoneados por la conveniencia política, los gobernantes prohijaron leyes de Punto Final y Obediencia Debida, o dictaron indultos. Hubo quienes resistieron, siempre. Pero una y otra vez, porciones muy gruesas de la sociedad acompañaron esas decisiones con su apoyo o su indiferencia. Aunque en un ejercicio hipócrita, después casi nadie se hiciera cargo de sus actos.

Los juicios siguen. Hay más de 1.400 acusados: más de 600 están procesados y, de ellos, más de 400 ya fueron detenidos. Pero la parábola se completó con la condena a Bignone. Y esa es una noticia extraordinaria.

El problema, atribuible quizás a la estupidez política y cultural que hemos sabido transmitirnos de generación en generación, es que quienes hoy son oficialismo pretendieron una vez más hacerse propietarios exclusivos del logro, como si no hubiese habido nada antes de ellos, ni hubiese a haber nada después. Y a los que hoy les toca ser oposición supusieron, en una disminución intelectual, que celebrar la continuidad histórica del juicio a los represores era hacerle el juego al Gobierno: ni uno de ellos acudió a la sala donde el tribunal dictó su sentencia, nadie puso el hecho en su contexto justo, sin sectarismos ni mezquindades.

En el fondo, o no tan el fondo, esa incapacidad recíproca, tan argentina, refleja este tiempo de apogeo del escrache, de descalificación del que piensa diferente, de violencia apenas contenida en las palabras, de la grosería y la intolerancia como herramientas y como método.

Es una cultura del desprecio por el otro que no se expresa sólo en la política, pero que en la política alcanza su paroxismo.

Las raíces se pueden buscar muy abajo en la historia. Desde la masacre de nuestros aborígenes a la represión de los primeros inmigrantes sindicalistas. De la discriminación a los cabecita negra, por pobres y por morochos, a la persecución a los peronistas o a los zurdos. De las locas de la Plaza de Mayo al temor y el odio a los piqueteros. La rabia siempre presente, como una mancha nauseabunda que no logramos remover.

Ahora, bajo el afeite descascarado de la pretendida diversidad de voces, se alientan desde el poder los métodos de acción más burdos y se intenta la unificación brutal del discurso.

Cuando el funcionario Gabriel Mariotto, con cuentas pendientes en la Justicia, dice que los afiches infamantes contra periodistas, anónimos para mayor cobardía, están "enmarcados en la libertad de expresión", ya no estamos hablando de los métodos tradicionales de los aparatos de propaganda totalitaria que el mundo ha conocido, sino, apenas, de algún émulo menor de los comisarios Cipriano Lombilla y José Amoresano, jefes de la siniestra Sección Especial que supo machacar a opositores en el primer peronismo.

Para ponerlo en palabras de Pino Solanas, que de peronismo y de integridad personal puede dar lecciones a algunos advenedizos y conversos: demasiadas veces parece que "nos encaminamos a una suerte de fascismo disfrazado de progresismo".