Las bibliotecas populares corren riesgo de cerrar por la falta de apoyo oficial

 Las bibliotecas populares corren riesgo de cerrar por la falta de apoyo oficial
Las cuatro Bibliotecas Populares de Gualeguaychú ayer dieron una voz de alarma: si el gobierno no cumple con el subsidio fijado por ley, muchas pueden cerrar sus puertas para siempre.
Legisladores más entretenidos con la interna partidaria, funcionarios preocupados por cómo salen en la foto del día, hay algo que no funciona en la Entre Ríos de hoy. Porque mientras ocurre esta situación, las cuatro Bibliotecas Populares que existen en Gualeguaychú corren serios riesgos de cerrar sus puertas para siempre por falta de apoyo oficial. No es una situación única, esa amenaza corre para las 75 Bibliotecas que existen en la provincia.

Están las leyes que obligan al Estado a aportar en calidad de subsidios al menos dos sueldos básicos docentes por mes… pero al faltar su reglamentación, todo depende del humor del gobernante de turno para que firme el correspondiente decreto.

La deuda del Estado provincial con las Bibliotecas Populares, data del año pasado. Recién el 5 de julio se aportaron dos de los cincos meses de 2011 que se les adeuda y todavía falta ponerse al día con todo el 2012.

Estos datos surgieron anoche en una conferencia de prensa que ofrecieron las cuatro Bibliotecas Populares de la ciudad con una voz de alarma más que significativa: “Muchas corren riesgo de cerrar sus puertas porque no pueden seguir sosteniendo sus gastos, especialmente del personal calificado; y otras ya han reducido sus horarios de atención”. Esa es una de las dramáticas situaciones que atraviesa la cultura de Entre Ríos.

Las Bibliotecas Olegario Víctor Andrade (la primera del país en ser fundada por mujeres), la Sarmiento (que tiene el orgullo de ser la tercera que se fundó en Argentina en 1869), la Rodolfo García (que rinde honor a la memoria de un gran educador y escritor local), la López Jordán (que ya vivió una situación parecida), unieron sus voces para reclamar lo que hoy el gobierno olvida: el subsidio.

Si se hiciera un inventario de la obligación del Estado para con las Bibliotecas, la conclusión sería lapidaria. A manera de memoria –concepto íntimamente ligado a los libros y a los pueblos- los pagos a partir de 1996 fueron: ese año siete meses; en 1997, cinco meses. En 1998, uno. No se asombre lector. En 1999, ninguno. En 2000 siete. En 2001, uno. ¿Perplejo? En 2002, ninguno. En 2003, diez. En 2004, una suma por única vez de dos mil pesos no acorde con la ley. En 2005, cinco meses. En 2006, completo; lo mismo que en 2007. En 2008, ocho. En 2009 y 2010, completo. De 2011 deben octubre, noviembre y diciembre. Y de este año, los ocho meses.

“Hay que señalar que el actual gobernador, Sergio Urribarri, fue el mandatario que mejor ha cumplido. Y aún así están en falta”, reconocieron casi al unísono las cuatro Bibliotecas Populares.

La ley Nº 8092 de 1988 y la Ley Nº 9094 de 1997 de Entre Ríos crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares y otorga un subsidio “mensual con destino a sufragar gastos de personal, mantenimiento y adquisición de material bibliográfico. El mismo equivaldrá al duplo del sueldo básico inicial de un maestro de grado, perteneciente al Consejo General de Educación de la Provincia”, rezan las normas. Pero ni llega el subsidio en tiempo y forma ni tampoco se conforma la Comisión Protectora, porque los legisladores están interesados en abrir internas, aunque ello implique el la clausura de la cultura con el cierre de las Bibliotecas.

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