La causa tuvo inicio en fecha 29 de septiembre del año 1998 en el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, en ese entonces a cargo de Víctor Hermes Brusa, primer juez del país condenado por crímenes de lesa humanidad. Mediante intervenciones telefónicas a los domicilios de Mautino y a la empresa "Rafaela Construcciones", los sabuesos de la AFIP comenzaron a destejer la compleja trama mediante la cual la justicia llegó a atribuirle estos serios delitos tributarios.

La pena prevista por la ley para el delito que se le imputa a Mautino, arranca en tres años y medio de prisión y podría llegar hasta un máximo de quince años de cárcel efectiva.

El 5 de octubre de 1998, inspectores del organismo recaudador junto con uniformados de la Policía Federal, llevaron a cabo un operativo en las instalaciones de la firma (ubicada sobre la ruta nacional 34, a la altura de la calle Vélez Sársfield) y sobre tres de los domicilios de integrantes de la firma. Se secuestraron unas 30 cajas con documentación relacionada con la maniobra urdida por los involucrados según los investigadores.

Los imputados Bernabé Luis Mautino titular de la firma en cuestión; Lidia Merlo quien aparecía como responsable de la operatoria comercial; Pedro Romano, César Galiani, (partícipes primarios) y Julio Gérez (partícipe secundario), como miembros de las firmas Evisa S.A. y Litoral Materiales S.R.L. fueron procesados por los delitos de evasión tributaria simple y evasión agravada en forma reiterada en concurso real, consumadas en relación al impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias, períodos fiscales 1996/1998.

Luego de un complejo trámite que continuó el juez federal Reinaldo Rodríguez, la causa pudo ser elevada a juicio recién a fines de 2008 y el TOF santafesino la devolvió porque consideró que tenía irregularidades que impedían que el juicio pudiera progresar. Las idas y vueltas judiciales terminaron en la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Buenos Aires, que finalmente ahora habilitó la posibilidad de que Mautino y los demás involucrados sean llevados a juicio, lo que podría terminar con todos tras las rejas.

DETENCIONES

Como consecuencia del accionar de la AFIP, Bernabé Mautino estuvo detenido casi un año, desde fines de 1998 hasta octubre del 99 en que recuperó la libertad por un vericueto legal. Lidia Merlo, Jorge Pedro Romano y César Fabián Galiani, también pasaron varios meses a la sombra, mientras que Julio César Gerez fue liberado a las pocas semanas.

DETENCION ANTERIOR

Notife.com recuerda que Mautino ya había sido detenido con anterioridad en la tristemente célebre causa "Muriel" en la que la Corte Suprema santafesina terminó archivando las actuaciones administrativas que había ordenado para averiguar el papel que tuvieron jueces y fiscales provinciales en sonados casos de corrupción. Esa causa involucró al ex intendente rafaelino Rodolfo Muriel, a su secretario de Hacienda José Molfino y a los empresarios Mautino y Rodolfo Marcante, ex titular de la empresa Sycic SA, quien debía ejecutar una irregular obras de cloacas. En los últimos días de marzo y en los primeros de abril de 1990, la justicia comenzó la investigación con una serie de allanamientos.

El delito investigado fue "fraude en perjuicio de la administración pública y varios de los involucrados terminaron procesados. A raíz de esta situación, renunciaron los concejales opositores Juan Borio, Pablo Comtesse, Lidia Sarasín y Waldo Suárez. El gobierno provincial dispuso la intervención del Ejecutivo y del Concejo Municipal.

Según el máximo tribunal provincial, los funcionarios judiciales en cuestión no se desempeñaron mal sino que los expedientes eran complejos. Quien sí terminó sancionado (al pago de una irrisoria multa) por no agilizar la causa fue el ex juez santafesino Mauricio Frois, quien luego fuera destituido de su cargo por mal desempeño en marzo del año pasado.

JUICIO ORAL Y PUBLICO

El Tribunal que juzgará la conducta de los imputados estará presidido por la jueza María Ivón Vella e integrado por los vocales José María Escobar Cello y Otmar Paulucci (de Rosario). El Ministerio Público será representado por el fiscal general Martín Suárez Faisal y la AFIP-DGI de Santa Fe actuará como querellante a través del equipo jurídico conformado por Juan José Cappanari, Igncacio Rabosto Moleón y Vanina Luján Peralta. A cargo de la defensa estarán los abogados Mario Baudry -por Mautino, Romano, Galiani y Gerez- y Mario Guedes por la imputada Merlo.