Por primera vez en la historia de Italia los sindicatos, bancos y empresarios se unieron para pedir una acción rápida del gobierno capaz de revitalizar la economía, estancada hace más de diez años. Pero Silvio Berlusconi pareciera tener otras prioridades: el Ejecutivo anunció que el Senado votará hoy una “moción de confianza” para la aprobación express de una norma destinada a prolongar los procesos judiciales. Para la oposición, se trata de la enésima ley ad personam diseñada para que las causas del presidente del Consejo de Ministros –y de muchos parlamentarios– prescriban, y no hace más que demostrar que Il Cavaliere vive en un mundo paralelo, muy lejano a los problemas reales del país y de su gente.

La nueva medida, que generó gran polémica en los últimos días, predispone la eliminación del filtro actualmente existente para llamar a declarar a testigos que ya fueron escuchados “en causas análogas”. En sustancia, le quitaría al juez la facultad de impedir el testimonio de personas que ya declararon en procesos diferentes pero relacionados, que podrán volver a ser citados por la defensa alargando, para muchos casi indefinidamente, los tiempos para llegar a una sentencia.

El senador de Italia de los Valores Luigi Ligotti, abogado en numerosos procesos de mafia, lo explicó así: “Si todas las pericias determinan que un tipo fue asesinado de dos tiros, la defensa del presunto homicida podrá citar a todos los testigos presentes en las zonas circundantes al delito: un entero condominio, quizás todos los hinchas presentes en un estadio… Todos estos testigos, aunque sean superficiales, serán considerados pertinentes porque habrían podido escuchar los disparos.”

En pocos días, la medida, que ya fue bautizada por la prensa “salva Ruby”, se transformó en el nuevo caballo de Troya del Ejecutivo. Si fuera aprobada, la norma se aplicaría a las causas que se encuentran en la fase preliminar del primer grado, situación en la que se ubica el proceso en el cual el premier está acusado de incitación a la prostitución y abuso de poder, el llamado Rubygate.

El anuncio de la votación de la moción, prevista para hoy, generó una nueva polémica que logró capturar la atención mediática, en los últimos días fija en los vaivenes de la Bolsa de Milán.

Para la Asociación Nacional de Magistrados, el “proceso largo significa no llegar nunca a una sentencia”. A través de un comunicado, el presidente de la institución, Luca Palamara, aseguró que “esta normativa nace de la exigencia por resolver situaciones particulares y no aporta ninguna mejora en la eficacia del proceso.”

“Es una vergüenza”, afirmó, por su parte, la presidenta del opositor Partido Democrático, Rosy Bindi, quien señaló que la medida es sólo una “nueva norma ad personam” proveniente de un gobierno “que no tiene la confianza de los italianos, que fue reprobado por las partes sociales y el mercado y que es incapaz de afrontar las verdaderas urgencias de Italia”. <