Los cuestionamientos respecto a la licitación de 1800 viviendas del "Plan 6.000" del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas -la apertura se hizo en marzo de 2009-, tuvieron correlato en la Cámara de Diputados, donde se requieren informes por la falta de inclusión en los pliegos licitatorios de los artefactos a gas a instalarse en las viviendas, tales como cocina, calefactores y termotanques.

Concretamente Martín Berhongaray (Frepam) se hizo eco de la situación y requiere que el Poder Ejecutivo informe sobre el tema. Más específicamente pretende conocer los motivos por los cuales se omitió en los pliegos licitatorios, la provisión por parte de los contratantes de los artefactos de gas en las viviendas a construir; si en las propuestas presentadas, alguna empresa incluyó esos artefactos; si las viviendas serán entregadas con esos elementos, y en su caso como se instrumentó su provisión.

¿Negligencia?

El legislador también pretende saber si se realizó una investigación administrativa en el supuesto que la omisión fuera atribuible a negligencia cometidas en la confección del pliego. Pide además que el informe sea acompañado con copia del pliego licitatorio de las viviendas, las propuestas, actas y actos o contratos jurídicos de adjudicación, como así toda la documentación vinculada a la provisión de los artefactos de gas referenciados.

Sostiene Berhongaray que "esta llamativa omisión, conocida a raíz de la controversia pública desatada, no resulta novedosa sino que forma parte de prácticas habituales del IPAV, consistentes en no incorporar en los pliegos licitatorios la instalación de esos artefactos". Agrega que la omisión es imputable al Instituto que licitó, lo que obligaría a la necesidad de adquirir esos elementos por fuera del respectivo procedimiento licitatorio, "despojando a esa actividad de los controles y exigencias aplicables al conjunto de la operación".

Dice que "no es aceptable la práctica utilizada en algunas oportunidades consistente en acordar subsidios en favor de los adjudicatarios de las viviendas para la adquisición de estos artefactos y para solventar el costo de la mano de obra requerida para su instalación", agrega que el Estado provincial "sólo se encuentra autorizado, conforme lo dispuesto por el Artículo 1º de la Norma Jurídica de Facto 835, a otorgar subsidios en la forma y bajo las condiciones que prevé esa normativa", de lo que se deduciría que "la práctica dirigida a subsidiar la adquisición de esos artefactos y la mano de obra que demanda su colocación no encuentra reparo dentro de las operativas legalmente autorizadas".

Subsidios.

No obstante señala que esos subsidios podrían "violentar las prescripciones de la norma que fija con precisión los supuestos, requisitos y formas que deben cumplimentarse para acceder a la entrega de subsidios". Después agrega que "en la hipótesis de que no se opte por la entrega de subsidios, cabe suponer que la adquisición de los artefactos de gas la realizará el Estado acudiendo, por la mayor celeridad que el trámite exige, al mecanismo de contratación directa, donde indudablemente el precio a pagar resultará superior al que hubiera correspondido erogar de haberse integrado tal operación al proceso licitatorio. Los perjuicios económicos que estas prácticas originan al Estado Provincial son indisimulables", analiza.

Finalmente el diputado pidió "erradicar cualquier mecanismo o comportamiento que conlleve a desnaturalizar la legalidad, legitimidad y transparencia que deben caracterizar a todo procedimiento de licitación pública. En ese sentido no deben soslayarse las denuncias públicas respecto a supuestas presiones perpetradas sobre las empresas adjudicatarias de las obras para que instalen a su cargo los artefactos que no fueron debidamente incluidos en los pliegos licitatorios", concluye.