Los integrantes de la Iglesia Católica en Argentina siguen convencidos de que los abusos de menores cometidos por el padre Justo José Ilarraz son “faltas graves” y no delitos. Tal afirmación se desprende del comunicado emitido por el arzobispado de Buenos Aires, que avaló lo señalado por su par de Paraná.

“Las últimas noticias periodísticas reavivan nuestra profunda vergüenza e inmenso dolor por faltas gravísimas cometidas por uno de quienes deben servir a la vida moral del pueblo, con su ejemplo y enseñanza”, indica el comunicado dado a conocer en Paraná y al que adhirió en las últimas horas el Arzobispado porteño.

La referencia es para el caso de Justo José Ilarraz, un sacerdote acusado de abuso de menores y que actualmente es investigado por la Justicia de Entre Ríos.

Los episodios vinculados a Ilarraz, que datan del lapso transcurrido entre 1984 y 1992, fueron revelados por una investigación periodística tras la cual el procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Jorge García, abrió una causa judicial de oficio para investigar la acusación.

En el escrito, las autoridades eclesiásticas aclararon que “cuando por primera vez se conocieron los hechos se realizaron todas las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad, siempre preservando el derecho a la intimidad y el debido proceso”. Asimismo, indicaron que “siguiendo las directivas emanadas desde la Santa Sede, en especial de su santidad Benedicto XVI, se solicitó desde hace tiempo el levantamiento de la prescripción a fin de la aplicación de las sanciones correspondientes”.

Por último, aclaró que el sacerdote fue apartado del ejercicio de su ministerio “hasta que la Santa Sede resuelva su situación”.

Ilarraz, quien se mantiene oculto, ya tiene como abogado a Jorge Muñoz. El profesional, que el lunes presentó un recurso de hábeas corpus para evitar que el sacerdote sea detenido, explicó que “todo esto tuvo un fuerte impacto en Ilarraz y por eso prefirió abstraerse y hablar a través de su representante”,

A declarar

Varios de los curas de la Diócesis de Paraná, que en setiembre de 2010 le reclamaron al entonces arzobispo monseñor Mario Maulión que se adoptaran medidas por “los abusos cometidos por sacerdotes a menores”, y específicamente mencionaron el caso del sacerdote Justo José Ilarraz, serían citados a declarar por la Justicia entrerriana, en el marco de la causa iniciada por orden del procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, informó Análisis Digital.

En declaraciones a medios nacionales el jefe de los fiscales en Entre Ríos dijo que irán “a fondo con la investigación”, y que “espera la colaboración de la Iglesia”.

Modificar el Código Penal

Legisladores nacionales por el Frente para la Victoria (FPV) presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que agrega “la pena de inhabilitación especial perpetua, para realizar la actividad de cuyo ejercicio provenga el delito,” a quien cometiese abuso sexual o corrupción de menores. El texto hace foco en los casos donde el autor del delito es “tutor, curador o ministro de algún culto”; en respuesta a la denuncia realizada por la revista Análisis contra el sacerdote Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de, al menos, 50 jóvenes que asistían al Seminario Menor en Paraná. En concreto, la iniciativa hace referencia al artículo 119, el cual prevé que “será reprimido con prisión el que abusare sexualmente de un menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder”. También alude al artículo 125, que contempla las sanciones para quien “promoviere o facilitare la corrupción de menores”.