“No tenemos dudas acerca del peligro para la vida que implica el asentamiento de dicha subestación, con la contaminación ambiental consiguiente, producida por los campos eléctricos y magnéticos generados por el transporte de 132000 voltios. Los casos de leucemia y otros tipos de cáncer entre el vecindario de la estación Sobral en Ezpeleta son un ejemplo doloroso y cercano”, dijeron a través de un comunicado, Carlos Acosta, secretario general de la CTA y su adjunto, Omar Hernández.

“Ante el reinicio de las obras, que impuso prácticamente el sitio a los vecinos, con cercado de calles y veredas y la presencia de un operativo policial impresionante, se llevó a cabo una brutal represión a la protesta justa.

“Los responsables de estos hechos están a la vista.

“La empresa EDESUR, beneficiada por el desguace del patrimonio nacional bajo el menemismo y los sucesivos gobiernos nacionales hasta llegar al actual de Cristina Fernández de Kirchner, los cuales no han puesto coto a esa entrega ni a la política empresarial de obtener beneficios sin tomar las medidas necesarias en resguardo de la salud y el medio ambiente.

“Esta política de mirar para otro lado, por parte de los organismos nacionales y provinciales encargados de fiscalizar el funcionamiento y velar por la salud de la población, es la misma que permite la explotación minera a cielo abierto, el avance de la megaminería sobre los espacios glaciarios y el enriquecimiento de las petroleras sin la inversión en exploración y extracción, lo que ha llevado al país a la crisis energética actual.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires no solo actuó en consonancia con dichos responsables sino que envió una brutal represión tras haber desatado el aval de una decisión judicial totalmente reprobable.

“No se justifica la dureza de la posición oficial ante el peligro que entraña la subestación. En el mundo se habla de un rango máximo de 0.3 a 0.4 micro teslas pero en nuestro país se permite la extensión hasta 5, con una legislación arcaica que permite hasta 20 unidades.

“Tampoco se entiende la posición oficial cuando en todo el mundo impera el principio de precaución que debe aplicarse ante todo emprendimiento que pueda impactar en el ambiente y en la salud humana.

“Berazategui es la ciudad de la cual es oriundo el actual Secretario de Medio Ambiente, doctor Juan José Mussi. Esta circunstancia resalta aún más lo inexplicable del legítimo rechazo a los vecinos, cuyo reclamo se apoya en la Ley Nacional de Medio Ambiente: “cuando una actividad representa una amenaza o daño para la vida humana o del medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente.

“Es necesario que las autoridades municipales retomen el acuerdo con los vecinos en los términos del acta que ambos firmaron el 30 de mayo de 2006 y en cuyo contenido central confluían ‘en la convicción de que la subestación Rigolleau se traslade de su lugar actual de emplazamiento...’ y ‘...en caso de una decisión desfavorable de la justicia federal la Municipalidad de Berazategui y los vecinos acuerdan concurrir a foros y organismos internacionales bregando por la aplicación del principio precautorio a la cuestión que nos ocupa’.

“La Central de Trabajadores de la Argentina Seccional Berazategui solicita a las autoridades gubernativas nacionales, provinciales y municipales: Levantamiento inmediato de las medidas represivas policiales y de seguridad privada sobre el vecindario: vallados, intimidaciones, exhibición de documentos para entrar a los domicilios. Suspensión de la obras reiniciadas y traslado de la subestación Rigolleau fuera del radio urbano, en defensa del derecho a la vida y al medio ambiente sano”.