El juez federal Walter Bento podría ser sometido a juicio político, si se comprueban irregularidades en su actuación en una causa en la cual habría resultado beneficiada la firma que opera el casino del hotel Sheraton.

Bento dictó una medida judicial que dejó sin efecto lo dispuesto por la jueza civil Olga Pura Arrabal, que había impuesto una multa, a fines del 2010, a la firma CELA SA, titular del hotel Sheraton y del casino Enjoy, por desobedecer una decisión judicial que impedía abrir nuevas salas de juego.

A fines del año pasado, Arrabal ordenó el cierre de la sala de calle San Juan del casino Enjoy del hotel Sheraton bajo apercibimiento de “astreintes”, una acción judicial que impone una sanción monetaria en caso de incumplimiento.

La acción dispuesta por la jueza se basa en la violación de la medida cautelar vigente que ordena a todas las firmas dueñas de salas de juego abstenerse de hacer ampliaciones hasta que se determine cuál es la superficie máxima que pueden destinar a salas de entretenimiento dentro de los hoteles cinco estrellas.

Larga discusión

Ésta es una disputa que se inició en Mendoza a partir de la sanción de la ley 5.775, que permitía a los emprendimientos hoteleros de máxima categoría abrir salas de juego. Inicialmente, esa ley establecía que hasta el 4% de la superficie hotelera podía ser destinada a la apertura de casinos.

Como surgieron distintas interpretaciones sobre cómo se calculaba el 4% de la superficie hotelera, se planteó una acción en la que la Justicia deberá definir las superficies a considerar. Pero, mientras la ley 5.775 quedó derogada, se mantiene en vigencia una medida cautelar que frena cualquier intento por ampliar las salas de juego de los hoteles instalados en la provincia.

En este contexto, Arrabal dispuso a fines del año pasado el cierre de la sala que tiene entrada por la calle San Juan por considerar que viola la media cautelar.

Ante el incumplimiento, se aplicó una multa que obligó a la empresa a depositar $100.000 por día de parte de su recaudación.

La firma apeló la medida, pero la Cámara Federal la confirmó; por lo tanto, la sanción económica siguió firme.

Decisión exprés

Pero la semana pasada, en oportunidad en que la jueza Arrabal se tomó licencia, el juez Bento, a cargo interinamente del juzgado de aquélla, dispuso dejar sin efecto la medida y devolver el dinero embargado a la firma CELA SA.

De esta manera, en apenas dos días, la firma cobró alrededor de $3 millones que había pagado en concepto de sanción económica.

Al tomar conocimiento de la medida judicial, la firma Nuevo Plaza Hotel Mendoza SA emitió un comunicado por el que manifiestan que el abogado de la empresa, Nicolás Becerra, tiene instrucciones para estudiar la posibilidad de iniciarle juicio político a Bento, “entendiendo que la resolución adoptada recientemente por el magistrado vulnera los límites procesales de la judicatura, enervando resoluciones dictadas por la Cámara Federal”.

En el comunicado emitido por José María Astarloa, director apoderado del Nuevo Plaza Hotel Mendoza SA, sociedad titular de la concesión que explota el hotel Hyatt y el casino Regency, se indica que la firma ve con “profunda preocupación el curso de los acontecimientos judiciales, entendiendo que existen difusos límites entre los poderes del Estado en composición con sectores empresarios relacionados con el juego”.

Consultado Becerra –abogado de reconocida trayectoria, doctor en derecho, ex defensor general y procurador general de la Nación–, admitió la posibilidad de llevar adelante el pedido de juicio político para el juez Bento.

Becerra manifestó que ha sido contratado por el Nuevo Plaza Hotel Mendoza “para verificar los supuestos de juicio político en la conducta de Bento”, tarea que ha iniciado.

Al consultarle respecto de cuáles serían las irregularidades en la conducta del juez federal, manifestó que “el magistrado aparentemente se ha alzado contra resoluciones dictadas por la Cámara Federal con anterioridad. Ha violado una serie de normas de insoslayable cumplimiento y, lo que es más grave, ha dispuesto con absoluto libre albedrío y sin ningún tipo de control la entrega de importante cantidad de dinero a una empresa dedicada al juego, circunstancia que sería no sólo poco apropiada, sino que genera todo tipo de suspicacias”.

Agregó el letrado que “el juez Bento, a cargo de tres juzgados, dos penales y uno civil, al día siguiente de quedar como subrogante del Juzgado Federal en lo Civil, sin contar con el expediente, y en forma total y absolutamente sorpresiva e inapropiada, emitió un fallo beneficiando a una empresa dedicada al juego. Eso también, al menos, genera suspicacias”, manifestó el letrado.

“Resulta alarmante –agregó Becerra– que el fallo dictado por el juez Bento en una resolución sin foliatura fue notificado después del horario judicial, y, llamativamente, luego de una petición verbal del representante de la sala de juego, dispuso sobre la mediatarde la entrega inmediata de los cheques, circunstancia ésta que no es común”.

“Es más, en casos de verdadera urgencia y de litigantes que han debido retirar sus dineros, en ningún caso se ha producido una situación como la descripta. No entiendo cuál era la urgencia. Esto genera más suspicacias aún”, terminó.